Una crisis que adquiere en la ola de saqueos otra dimensión expresiva. Particularmente en el conurbano. Parece no haber dudas de la participación en ellos de una inquietante mano de obra cuyos servicios requerirían dirigentes y punteros. Especialmente en campañas de agitación basadas en las supuestas consecuencias de un cambio.

Andrés “El cuervo” Larroque había adelantado la posibilidad de un escenario similar a este hace una semana. “Estamos muy cerca del infierno”, aseguró. En su reaparición pública tras un largo silencio, el ministro de Desarrollo Comunitario de Axel Kicillof instó a una reacción del oficialismo tras el triunfo de Milei. Anteayer le atribuyó a Bullrich responsabilidad en los saqueos. Distanciado de La Cámpora, Larroque es uno de los funcionarios más comprometidos con la candidatura presidencial de Sergio Massa.

Los episodios más intensos ocurrieron en municipios del noroeste lindantes entre sí: Moreno, José C. Paz, Merlo, Pilar, Escobar y Tigre. Igual que Morón y Tres de Febrero, donde se registraron casos aislados, todos pertenecen a la Primera Sección Electoral. Para expertos en suspicacias, casi una recreación del antiguo marco de alianzas que dio lugar al nacimiento del Frente Renovador en 2013. Conjetura cuyo asidero a la realidad se sostiene en la titubeante respuesta de las autoridades a una sospecha generalizada.

La del supuesto origen común por cierta simultaneidad de estos acontecimientos que, sin embargo, no hallaron réplica en el sur del conurbano. Es decir, en la Tercera Sección. Una jurisdicción electoral históricamente refractaria a los intereses de Massa, excepto por Blanca Cantero. La intendente de Presidente Perón pertenece al Frente Renovador y en 2020 sufrió la usurpación de 200 hectáreas de tierra en Guernica destinadas a la construcción de un barrio cerrado.

El gobierno bonaerense intervino en dos ocasiones para postergar el desalojo judicial de dos mil familias que ocupaban el predio. Larroque tuvo un alto protagonismo en ese conflicto. Tal vez sin imaginar la alianza que trabaría después con Massa. Cantero le reclamó esta semana a Kicillof recursos para seguridad en la reunión que mantuvo con intendentes del conurbano. El gobernador los sorprendió. Depositó la expectativa de una reactivación en el acuerdo con el FMI alcanzado por Massa.

El ministro de Economía le agradeció a Milei su contribución al éxito de esa gestión. Berni calificó ayer de “buena persona” al líder de La Libertad Avanza. El reajuste del salario y la jubilación mínima que automáticamente mejorarían el ingreso de los planes sociales no satisfizo a las organizaciones que mantuvieron la protesta de ayer pese a la promesa de esas mejoras que recibieron del gobierno. Las más afines a él son sindicadas en algunas versiones por una curiosa forma del laissez faire en Moreno. Allí gobierna el sector del Movimiento Evita de mejor vínculo con Juan Grabois a través de la intendente Mariel Fernández. Resulta difícil admitir como algo fortuito en este contexto que Raúl Castells haya resuelto autoincriminarse por los saqueos. Ni tampoco que esta situación haya sido aprovechada para plantear una polarización entre Milei y Massa que, en apariencias, perjudicaría a Patricia Bullrich. La candidata de Juntos lidia con otros problemas. Como la inédita reparación por la derrota que exigiría Diego Santilli, perdedor de las PASO con Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires. Bullrich condicionó aceptar la participación de Santilli en la campaña a que “termine con esa pantomima” que el excandidato a gobernador rechaza abandonar. No aceptará que ganó Grindetti hasta que finalice el escrutinio definitivo. Un proceso que hasta ahora no arroja indicios de modificar el resultado del 13 de agosto pero demora el inicio de la campaña electoral en la que Santilli se propone colaborar con Bullrich pero no con Grindetti. Mauricio Macri apeló a su recurso favorito para alejarse de esta puja. Partió al exterior a jugar al bridge. Algunos asociaron su actitud a cierta frialdad con Bullrich y a su afinidad con Milei.

La razón podría ser más sencilla e inquietante. La falta de información confiable para que el expresidente pueda tomar posición en ese asunto. Esa supuesta precariedad en la logística electoral del Pro bonaerense habría vuelto inevitable que Grindetti se recueste en la UCR, que le proveyó la suya a través de Federico Carozzi. El apoderado de esa fuerza lidera a los fiscales de Juntos en el recuento de votos. Desde allí habría partido una advertencia al intendente sobre la estrategia para vencer a Kicillof: “con Lanús solo no alcanza.”

Tampoco le habría bastado a Sergio Torres presidir la Corte bonaerense para orientar doctrinariamente al jury que investigó a Onildo Stemphelet. El juez de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca allanó ilegalmente el prostíbulo donde lo habrían robado mientras recibía un servicio de atención sexual. El juez ordenó además la detención sin orden judicial de Jessica Ramírez Benítez, alias “La Gatúbela” y encargada de proveérselo. Stemphelet fue restituido en su cargo por el voto de los cuatro abogados que actuaron como conjueces.

Tres de los cinco legisladores se ausentaron: Walter Caruso, de Juntos, y Susana García y Paco Durañona, de Unión por la Patria. Como paso previo a ser designado en la Corte, Torres renunció al juzgado Federal N°12 que desde 2019 subroga el titular del N°4, Ariel Lijo. El 17 de agosto, Lijo envió un oficio al Consejo de la Magistratura para saber si pesaba alguna sanción sobre Sebastián Más. Juan y Matías, dos de sus cuatro hijos, están detenidos y procesados por el secuestro de un narco. Los cinco son empleados del Consejo de la Magistratura.

Sebastián Más es el titular de la Oficina de Enlace, encargada del parque automotor y de la vigilancia, seguridad y custodia del Consejo de la Magistratura. En la causa está probado que se utilizó un vehículo a cargo de Más para el secuestro del que participaron sus hijos. A Más se le atribuyen vínculos con la Inteligencia y supuestas prácticas de espionaje a los vocales del Consejo a través de agentes encubiertos que se hacían pasar por custodios. Una tarea que cumplen efectivos de la Policía Federal.

Esos hechos son investigados en la causa 4610 del 2017 que quedó paralizada cuando Torres renunció al juzgado N°12. Antes de ingresar al Consejo de la Magistratura, Más fue chofer de uno de los vocales en la Corte Suprema. Ese antecedente podría cobrar un valor inesperado para Lijo, que tiene en su poder la causa donde se investiga a este ex suboficial de la Policía Federal. En este clima enrarecido no es extraño que el tuit donde Milei comparó los hechos vandálicos de esta semana con los de diciembre del 2001 haya pasado desapercibido. Tiene lógica. Hay una mayoría silenciosa que se resiste a ver saqueada su ilusión.

Daniel Bilotta