En este tórrido verano que estamos atravesando, mientras las cifras de la inflación nos retrotraen a tiempos que deberíamos haber superado, se ha vuelto a poner en boca de algunos actores políticos de primera línea el cuestionamiento al funcionamiento del Congreso de la Nación. Siendo éste el ámbito de discusión por excelencia, y que la aprobación de las leyes requiere el estudio pormenorizado de su contenido, la celeridad no es necesariamente la mejor de las virtudes para adentrarse en el articulado y, sobre todo, tener en cuenta las consecuencias no buscadas de la aplicación de una norma.
Es cierto que uno de los grandes problemas de Argentina es el de la inflación legislativa: una enorme cantidad de leyes que hacen casi imposible su comprensión y conocimiento, a veces entrecruzadas, y que regulan aspectos de la vida cotidiana que pueden resolverse por contratos entre las partes. Desarmar este entramado requiere de mucha paciencia y precisión, además de constancia, porque a la par se han formado grupos de presión que se nutren de estos vericuetos legislativos y viven de ello. En esta crisis que estamos padeciendo, ya no se puede pecar de ingenuidad.
Pero enfrentarse y cuestionar la naturaleza del Poder Legislativo, y pretender que apruebe sin más una ley kilométrica con temas fundamentales y otros accesorios, tampoco ayuda. La inexperiencia y espíritu de torbellino del Poder Ejecutivo pueden hacer demorar todavía más el tratamiento de sus proyectos de ley, por sus expresiones derogatorias y actitudes de confrontación. Quienes componen el Poder Ejecutivo deben cultivar la templanza y la prudencia en el hacer y el decir, a fin de tender puentes con otras fuerzas políticas, así como para bajar el nivel de tensión en una sociedad que mayoritariamente está dispuesta a acompañar los esfuerzos que se precisen, porque la mira final está en lograr el progreso social, económico y cultural a nivel general.
A nadie se ha logrado persuadir ni cambiar de postura mediante insultos o agresiones; ocurre, más bien, lo contrario. Nuestro sistema constitucional funciona como una arquitectura de equilibrios y controles, y los actores políticos deben saber cómo proceder para que estos mecanismos muestren su eficacia. Los países con más altos estándares de bienestar general son los regímenes con Estado de Derecho, democracia liberal y economía de mercado, por lo que no es necesario buscar atajos para lograr el progreso. Tenemos la receta en nuestra Constitución Nacional, es cuestión –nada más ni nada menos- que aplicarla.
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