Nadie espera que Gildo Insfrán deje de comportarse alguna vez como un patrón de estancia, un cacique prebendario, antiliberal y en el fondo, o no tan en el fondo, autocrático. Así que cada vez que confirme el escepticismo sobre lo que se puede esperar de él, no pierde nada: los que lo rechazaban siguen siendo más o menos los mismos, los que lo apoyaban no dejan de hacerlo ni se ven siquiera obligados a dar explicaciones.

Algo bien distinto acaba de suceder con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: no es que no haya dado en el pasado muestras de navegar a gusto en aguas oscuras, sin ir más lejos, se han repetido las denuncias de nepotismo en su contra, se habla de hasta unos 70 familiares abrochados en cargos públicos, lo que probablemente sea todo un récord; pero como desde que llegó al poder provincial y mientras lo ejerció, hasta diciembre pasado, mantuvo una guerra política y judicial contra una organización mafiosa muy violenta, vinculada a un gran número de delitos contra el erario público y contra ciudadanos jujeños, la Tupac Amaru, y los voceros y representantes legales de esta organización se cansaron de apelar sin sustento a la fantasía de que Morales los estaba “persiguiendo”, y a que supuestamente todos los cargos en su contra eran inventos, muchos tenían, teníamos, buenos motivos para dudar de que el gobernador tuviera realmente un escaso o nulo afecto por la república, por la división de poderes y por el respeto del rule of law, del gobierno de la ley.

Motivos extinguidos

Bueno, esos motivos se han relativizado o directamente extinguido, lo que en particular Milagro Sala debe estar festejando como un regalo del cielo, con la reciente decisión del señor Morales, con ayuda de un juez amigo, de convertir en un “delito grave”, motivo de un caso penal que hasta ahora ha “justificado” nada menos que cincuenta días de cárcel contra dos personas, y una orden de detención contra otra, unos ácidos y bastante tontos comentarios escritos en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador, y otras supuestas flaquezas de carácter y problemas de pareja asociados.

Morales intentó justificar esta locura con unos argumentos aún más locos. Sostuvo que supuestamente los acusados habían logrado “alterar la identidad de una niña de dos años (refiriéndose a su hija) y (causado) lesiones psicológicas agravadas por violencias de género” a su mujer. A continuación, sostuvo que el hecho “provocó un daño irreparable a su hija de dos años y a su esposa”, aunque luego él mismo relativizó tan temeraria afirmación, preguntándose “¿Quién sabe usted que mi hija no va a tener un daño psicológico de aquellos que llevan al suicidio a las personas?” … Todas las noches sueño y pienso esta cuestión que vendrá cuando le pregunten en el colegio, o cuando sea más grande y tenga acceso al celular”.

¿En qué quedamos, hay “daño irreparable” o habría tal vez alguna vez un daño y él está tratando de prevenirlo? (aunque por el modo en que se comporta, más bien podría estar agravándolo, pero bueno, eso es ya opinable), ¿todos los millones de padres de este país de quienes se han dicho mentiras en las redes tendrán también este derecho a hacer meter presos a quienes las hayan publicado o reproducido, una vez que Morales logre que el suyo se convierta, como él dice, en un leading case que llegue a la Corte Suprema?

Aún en el improbable caso de que esto llegue a la Corte, y esta resolviera como quiere Morales, y no defendiendo la libertad de expresión, sería realmente imposible para los demás argentinos seguramente conseguir jueces y fiscales tan inclinados a darle el gusto al querellante como ha tenido la suerte de encontrar el exmandatario jujeño, e ignorar que los únicos daños en estos casos comprobables son los que se reparan con un juicio civil, no metiendo presa a la gente.

El otro conflicto

El caso tiene una curiosa y bastante triste coincidencia con otro conflicto que ha llegado a los tribunales y desembocado en fallos políticamente sesgados en estos días: el recurso presentado ante la Justicia de Chubut por el gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, contra la decisión del gobierno nacional de cobrarse una deuda que la provincia mantiene con la nación descontándola de la coparticipación, dado que una cuota de la misma no se había pagado con otros recursos.

Torres ya había recurrido al mismo juez pocos días antes, para frenar el recorte del Fondo Compensador del Transporte que afectó también al distrito. Cosa que el diligente magistrado hizo, en un fallo que generó mucho malhumor en el gobierno nacional, y en cierta medida explica la escalada posterior del conflicto por la coparticipación. Porque el mileismo lo consideró, con no poca razón, un desafío político y una jugada violatoria de la jurisdicción del tribunal, sin fundamento: el Fondo en cuestión se financia, se resuelve y se distribuye desde CABA. Si cada provincia pudiera recurrir a sus jueces para dirimir conflictos al respecto. la noción misma de jurisdicción federal desaparecería.

Ahora Torres consiguió, como era esperable, un nuevo respaldo “judicial”, y lo usó con dos fines simultáneos: por un lado, aprovechó para “suspender el corte del suministro de petróleo y gas” anunciado para el día de hoy, miércoles, con lo que buscó zafar del problema en que él mismo se había metido, porque era obvio que ese corte no iba a poder concretarlo, así pudo retroceder sobre sus pasos, con cierta elegancia; por otro lado, trató de convertir el fallo, precario por donde se lo quiera ver, en una victoria definitiva, considerando que, en su opinión, el asunto había “quedado saldado”, y la nación debía rendirse a sus pies y transferirle el dinero que se había cobrado.

Pero si no lo había hecho después del fallo sobre el fondo para el transporte, menos será el caso con este otro, que involucra otro fondo fiduciario, el de Desarrollo Provincial, que también tiene sede en CABA, se firma y se distribuye desde ahí, e involucra también la coparticipación de impuestos nacionales, con la que sucede lo mismo.

El forum shopping, en suma, es demasiado evidente como para que pueda considerarse que, de un logro tan precario, vaya a desprenderse un cambio sustancial de los términos en que está planteado el conflicto: el gobierno nacional apelará y hasta que se resuelva el caso, seguirá reteniendo el dinero en disputa; es más, podrá retener también el correspondiente a la próxima cuota de la deuda, si Chubut no avanza con el bono que prometió emitir para renegociarla, o se resigna a pagar en los términos del contrato.

Igual que a Morales, victorias aparentes y circunstanciales se le pueden volver en contra al mandatario chubutense, llevándolo a insistir y escalar un conflicto que a la larga no pueden ganar, y puede dejarlos muy en ridículo. Porque lo cierto es que ambos tienen algunos jueces amigos, pero no tantos, no los suficientes, lo que es un alivio.

Marcos Novaro