Mediante la Resolución 68/2022 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, se habilitó a Defensa de la Competencia a que analice “presuntas prácticas anticompetitivas” de compañías que aumentaron precios en 2022 producto de un “abuso de posición dominante”.

La decisión que fue publicada hoy el Boletín Oficial también ordena que se presente un informe detallado de la situación en un plazo de 30 días.

Entre los fundamentos de la norma, la Secretaría pone de relieve los diferentes perjuicios que tiene para el consumidor cuando una empresa domina el mercado o cuando se cartelizan para manejar el precio de determinado producto.

La resolución se da a conocer en un momento sensible porque el Gobierno trabaja contrarreloj para poder dar una solución al tema de la inflación que sigue en valores muy elevados, especialmente en los alimentos.

Según diferentes análisis privados, la variación de octubre se ubicó en torno al 6,5%,  valores similares a los meses anteriores, acumulando así en los últimos tres meses un alza de 20%.

Desde hace varias semanas el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, intentan cerrar un programa que congele los precios por cuatro meses.

El plan denominado “Precios Justos” pretende contar con unos 1500 productos de consumo popular con valores impresos en el packaging para no dar espacio a aumentos por fuera de lo acordado. En esta canasta entrarían además de alimentos y bebidas, productos de higiene y de aseo personal.

La intención del Palacio de Hacienda es que este diseño comience en diciembre y se mantenga hasta marzo, con el objetivo de aplacar las fuertes subas que en forma estacional se producen durante las fiestas de fin de año.

A cambio de que no muevan los precios, el Gobierno le concedería a las empresas una serie de beneficios para acceder a cupos de importaciones que favorezcan su operación.

Cabe recordar que el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2023 que tiene media sanción de la Cámara de Diputados incorporó un artículo que incrementa en hasta un 4.000% el valor de las multas que puede aplicar la Secretaría de Comercio cuando una empresa incumple la Ley de Defensa del Consumidor.