Dos datos grafican la diversidad. La diferencia entre el ingreso per cápita de la ciudad de Buenos Aires y de Formosa, las dos jurisdicciones que se ubican en los extremos en esa medición (tienen el valor más alto y el más bajo del país, respectivamente), es de 7,6 veces. El otro dato es que solo seis distritos dependen en menos del 50% de las transferencias que se hacen desde la Nación.

Según datos del primer semestre de 2020, La Rioja es, con un índice de 89%, la provincia con mayor dependencia de los recursos provenientes de transferencias. Comparte el podio con Jujuy (88%), Catamarca (85%), Santiago del Estero (83%) y Formosa (81%). Con esos datos, el instituto Iaraf identifica qué grado de autonomía tiene cada lugar; se suman todas las transferencias (coparticipación más giros discrecionales de recursos) y se las compara con los ingresos provinciales. Mientras más alto es el indicador, mayor dependencia tiene la jurisdicción. Neuquén con 23%; CABA con 26%; Chubut con 33%; Santa Cruz con 44%; Buenos Aires con 49% y Córdoba con 50%, son los distritos con índices más bajos, mientras que el consolidado provincial es de 54%.

Si, en cambio, se analiza la autonomía tributaria -en este caso, se considera de cuánto es la coparticipación medida sobre los ingresos tributarios- el consolidado es 61% y siguen siendo los mismos cuatro distritos los que están por debajo. En la base quedan Formosa (94%), La Rioja (92%) y Catamarca (90%). Si bien en algunas jurisdicciones la principal fuente de recursos es la impositiva, hay otras en que son relevantes las fuentes no tributarias. Por ejemplo, las regalías.

Con una ley de coparticipación que lleva 25 años de mora en su modificación -la reforma constitucional de 1994 ordenó hacerla antes de que terminara 1996- y de la que se incluyeron y excluyeron impuestos, se modificaron alícuotas para las jurisdicciones y se dedujeron partidas de gastos antes de la distribución, los giros discrecionales que la Casa Rosada decide ganan protagonismo, no solo en lo que se refiere a los presupuestos provinciales, sino también en la generación de deudas y de acreencias en el plano político.

Desde el instituto de estudios Ieral indican, respecto de la distribución secundaria de la coparticipación y de otras transferencias automáticas, que la ley 23.548 no explicita los criterios con los cuales se han construido los coeficientes de distribución de fondos a cada provincia. Eso hace que terminen existiendo repartos "en algunos casos de dudosa objetividad".

Si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, hay cuatro jurisdicciones que tienen menor participación en las transferencias que en la población del país: Buenos Aires, CABA, Mendoza y Córdoba. "El sistema de transferencias en la Argentina beneficia especialmente a las provincias de baja densidad poblacional, sean ricas o pobres", agregan en el Ieral.

En 2020, Buenos Aires, la provincia gobernada por Axel Kicillof y principal bastión electoral del kirchnerismo, recibió 128,4% más de recursos no coparticipables que en 2019; se quedó con el 32,7% de esos giros, según indica un reporte de la consultora Politikon Chaco. Ningún otro distrito llegó a participar de la torta con más de 10%. A Buenos Aires le siguieron Córdoba, con 8,9%; la ciudad de Buenos Aires, con 8,3%, y Entre Ríos, con 4,1%.