En los últimos días se han hecho evidentes algunos desequilibrios en la industria tabacalera que tienen un impacto considerable no solo en términos de competencia de mercado, sino también en lo relativo a la recaudación fiscal e incluso a lo relacionado a la cuestión sanitaria.

Desde 2018, la tabacalera Sarandí obtuvo en la justicia medidas cautelares para no pagar el impuesto interno mínimo (fijo y actualizable por IPC) y tributar solamente por el componente variable (ad valorem del 70%) que implica un porcentaje del precio sin piso.

Esta ventaja les permitió, vendiendo productos de menor precio, pasar de un share del 3% en 2015 al 39% del mercado total durante el primer semestre de 2023.

Como mencionamos antes, este desequilibrio no tiene solo un impacto en la competencia (haciéndola, por supuesto, injusta), sino también tiene efectos fiscales y de salud pública.

Al tributar sólo el componente variable sobre un precio menor al impuesto mínimo, se produce una importante pérdida en la recaudación total del tabaco y se reduce la efectividad del impuesto como disuasor del consumo de cigarrillos, ya que están disponibles productos de menor precio para la sustitución.

Según cálculos del mercado tabacalero en Argentina, las cautelares implicaron una pérdida en la recaudación para el fisco de $129 mil millones en 2022 y alcanzar posiblemente los $275 mil millones en 2023.

Esto representa la mitad de la recaudación total del tabaco que se pierde cada año. Es decir, que sólo exigiendo el pago y haciendo cumplir la ley, la recaudación total del tabaco podría haber ascendido a los $407 mil millones en 2022, en lugar de $278 mil millones.

Si se analiza este tema en términos generales, la pérdida para el fisco por el no pago del Impuesto Mínimo representa casi 0,2% del PBI cada año, lo que quiere decir que desde 2018 a 2022 se ha acumulado una deuda impositiva no declarada que ya asciende a 0,7 puntos del PBI.

Es decir, el costo de las Cautelares en 2023 llegó a un equivalente de 1 billón de dólares.

Esto debe ser considerado, además, desde el punto de vista de interés federal. Como el Impuesto Interno se coparticipa en un 100% entre las 24 provincias y el Tesoro, en una proporción de 61% y 39% respectivamente, las Cautelares también se convierten en una pérdida de recaudación del Impuesto Interno. Las provincias dejaron de percibir recursos de coparticipación por $154 mil millones en 2023.

Como no todo es dinero, existe gran preocupación también por el impacto que todo esto tiene en la cuestión sanitaria.

La recaudación efectiva por paquete viene cayendo desde 2017. Una menor presión fiscal total, ya que más el 40% del mercado no tributa el Impuesto Interno Mínimo, ha tenido como consecuencia un aumento del consumo per cápita de cigarrillos del 6% en 2021 y del 2% en 2022, algo que no ocurría desde el año 2011.

La posibilidad de vender por debajo del precio mínimo impacta negativamente en la salud pública y genera mayores sobrecostos al sistema al estimular el consumo en el segmento de marcas más baratas.

Actualmente se están negociando modificaciones para esta industria en el proyecto de ley ómnibus enviado por el gobierno al Congreso. Las modificaciones buscan volver a equilibrar la competencia y terminar con una situación de privilegio a una sola empresa, que se encuentra en pie de guerra para sostenerlos. Los pasillos del Congreso se llenaron de suspicacias y la atención está puesta en los legisladores que defienden el statu quo reinante.