Por Álvaro Vargas Llosa

A la larga, son nulas las posibilidades que tienen los heroicos manifestantes de Hong Kong de impedir que Pekín imponga la extradición de ciudadanos hongkoneses penalmente imputados al territorio continental, es decir que sean puestos en manos de la policía política de Xi Xinping cuando el Gobierno central los considere incómodos.

En lo inmediato, las manifestaciones han forzado a la jefa ejecutiva de Hong Kong a anunciar la «suspensión» de la ley de extradición y abrir consultas con los distintos partidos, pero los antecedentes permiten suponer que Pekín volverá a la carga tarde o temprano.

Desde hace veintidós años, pero especialmente en la última década, bajo el mando de Xi Xinping, el centralista que ha cambiado la Constitución para permanecer en el cargo indefinidamente, China va erosionando poco a poco el estatuto especial de Hong Kong que negoció con los británicos y en teoría debía mantener intacto durante cincuenta años.

Son muchas las modalidades bajo las cuales Pekín ha procedido para socavar las libertades hongkonesas. Por ejemplo, la policía china tiene autorización para operar en el tren de alta velocidad que ahora une a Hong Kong con el territorio continental, lo que ha significado poner un pie dentro de la región especial.

Además, China ha colocado a Hong Kong bajo un sistema regulatorio que se aplica a todo el «gran delta del Río de las Perlas» con el pretexto de que, al haber conectado a la región especial, mediante proyectos de infraestructura, con otros territorios, como Macau, que forman parte de esa pujante zona, resulta contraproducente tener un régimen normativo muy diferenciado en ciertas cuestiones.

Para no hablar de lo central: la máxima instancia política, la jefatura ejecutiva, hoy en manos de Carrie Lam, es nombrada por el Consejo de Estado chino con firma del primer ministro. Antes de verse forzada a anunciar la suspensión, Lam había dicho reiteradamente que a pesar de las protestas masivas el Consejo Legislativo hongkonés seguiría adelante con el plan de hacer posible la extradición de hongkoneses.

En teoría, las democracias occidentales podrían presionar a Pekín para que deje de erosionar el principio de «un país, dos sistemas», pero en la práctica es imposible: Washington y Europa están enfrentados a los chinos por asuntos comerciales y de otra índole, incluyendo las denuncias contra Huawei y otras empresas tecnológicas a las que se acusa de servir de fachada para el espionaje en Occidente.

Aunque se supone que la hostilidad comercial de Washington contra Pekín atañe sobre todo a los productos manufacturados de mano de obra intensiva y por tanto no tiene que ver con Hong Kong, donde ellos no se producen, lo cierto es que parte del comercio de China pasa por ahí. Cualquier barrera arancelaria dirigida contra bienes chinos socavará el emporio comercial hongkonés.

Los manifestantes que se han lanzado a las calles están en una sobrecogedora inferioridad de condiciones frente a Pekín y sus marionetas locales. Lo cual no significa que estén dispuestos a inclinar la cerviz, como lo demostraron hace cinco años, con ocasión de las protestas y acampadas del «movimiento de los paraguas», y lo han confirmado ahora a pesar de la brutal represión.

Se debatió intensamente en su momento en Londres si los británicos debieron o no devolver a China la colonia que controlaba desde 1842. Lo cierto es que no había alternativa; iba a ocurrir tarde o temprano. Pero hubieran debido compensar a los hongkoneses, que eran apenas cinco millones cuando se negociaron los acuerdos, permitiendo a aquellos que lo quisieran instalarse en el Reino Unido como ciudadanos británicos.

Columna de Álvaro Vargas Llosa.

ABC, España, 16-06-2019