Cómo dijimos en notas anteriores, el caso de la estafa piramidal de Edgar Adhemar Bacchiani nos sigue ofreciendo nuevos capítulos, la mayoría de las veces, vergonzosos, transformando lo que debería ser una investigación sería, en una telenovela con actores de reparto, porque si el juez y el fiscal fueran funcionarios probos, si los abogados fueran honestos, tendríamos otros resultados. En cambio, tenemos un infierno judicial, donde paradójicamente todos son abogados, el juez, los fiscales, los defensores y los querellantes, todos estudiaron la misma carrera y dejan mal parados a otros, que abogan correctamente por los intereses de sus clientes.

Hoy la situación procesal de la causa Bacchiani, decíamos en el párrafo precedente, es un verdadero infierno judicial, una reunión de diablillos de distintos bandos, movidos por el mismo objetivo, el patético amor desmedido por el dinero. Allí, en una exhibición impúdica, funcionarios y abogados, auténticos avaros, que se movilizan por el afán de poseer riquezas, en éste caso mal habidas, con la intención de atesorarlos mucho más allá de lo requerido para satisfacer las necesidades básicas y el bienestar personal, siguen ofreciendo un espectáculo lamentable para toda la sociedad.

Basta observar el dantesco espectáculo que ofrecen aquellos, sobre quienes la sociedad más espera, para advertir que, a esta altura de los acontecimientos, los verdaderos damnificados, que se cuentan por miles, están pasando al olvido, siendo ese el principal objetivo de los poderosos, a quienes la causa les incomoda sobremanera. En la orgía del placer y la codicia, los desaforados no se acuerdan de los estafados, quienes de a poco van pasando a un segundo plano. Pero la paciencia tiene límites y El Pucará salió a sondear el humor social y la realidad es que los damnificados están “re calientes” por esta intolerable situación, un espectáculo que da asco, protagonizado por los que deberían solucionar sus males. Veamos:

Lucas Retamozo, el principal abogado de Edgar Adhemar Bacchiani está imputado y privado de la libertad. Mariano Manzi está siendo investigado por sus oscuros vínculos con Bacchiani. Alfredo Aydar, defensor de cientos de damnificados, de origen tucumano y de estrechos vínculos con el Fiscal General Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, denunciado por Aldana Donato de prevaricato. El abogado defensor de Lucas Retamozo, de origen cordobés, Jorge Andrés Sánchez del Bianco denunció al Fiscal Santos Reynoso, por intentar extorsionar a su defendido a través de un abogado del foro local, del que no trascendió su nombre. Obvio, que Ángel Granizo, socio o ex socio de Mariano Manzi, querellará a Lucas Retamozo, a quien acusó de decir falsedades luego de leer su segunda declaración indagatoria. Todos aspirantes a ser ángeles caídos, cuando les llegue el turno de la Justicia Divina, que, a diferencia de la justicia terrenal, no falla jamás.

Mientras la lujuria del dinero excita los sentidos de todos los letrados, que sueñan con vacaciones en Tahití o el Peloponeso o fastuosos palacios en zonas exclusivas, con autos de alta gama estacionados en la puerta y otros lujos fácilmente imaginables, se observa la notable inoperancia de la Justicia Federal y la local, algo así como una mala praxis alarmante, porque, quienes tienen que investigar, acusar y juzgar también exhiben algún tipo de interés ilegitimo y espurio en la causa. No hay otra explicación a tanta desidia y errores, en algunos casos no forzados, producto de la ignorancia, y en otros, forzados, como sí el dado estuviera cargado, que enervan el ánimo de la ciudadanía en general y de los estafados en particular. Son impresentables, se han demorado en todo y la lentitud para resolver es patética, mientras los damnificados levantan temperatura por la deplorable y mezquina contienda de competencia entre la Justicia Federal y la provincial, otorgando más tiempo a los delincuentes, perdiendo el tiempo en cuestiones abstractas, que solo perjudican a los querellantes.

En este caso no dimensionaron las implicancias de esta causa por tener tantos damnificados y trataron de hacer la de siempre, que es congraciarse con el poder político, ¿Por qué? La respuesta es sencilla: El Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de la provincia han sido degradados por el propio poder político hasta alcanzar límites intolerables que afectan marcadamente las relaciones sociales de convivencia y paz, tan necesarias para desarrollar los proyectos de una vida digna.

Así dejaron que los estafadores puedan disponer de bienes y dinero. La lentitud permitió que se hicieran operaciones de compraventa con bienes adquiridos por los estafadores cuando estos estaban presos. Todo salió a la luz gracias a la denuncia de Cristian Guillou. Ahora nos preguntamos qué trámites se han realizado para que todos esos inmuebles que sabemos por la denuncia han terminado en manos de importantes, pero no tan pulcros empresarios del medio estén a resguardo para que de comprobarse las maniobras fraudulentas sirvan para pagar parte de la estafa.

Nos hemos cansado de repetir que acá hubo un iniciador de la estafa que después fue usado por un enorme grupo de cómplices. Es decir que la causa no termina imputando a Bacchiani, Sarroca, Blas y Retamozo. Se debe investigar a todos los poceros, no solo a Olmi. A varios abogados que intervinieron y no es solo que realizaron ejercicio de su profesión, hay evidencias que participaron de la estafa.

A políticos que todos sabemos fueron financiados por Bacchiani en la campaña de las elecciones del año 2021, es tan evidente este dato que “Cambia Catamarca”, con Flavio Fama, Francisco Monti y Enrique Cesarini como principales responsables, realizó el acto central en Wika que en ese momento estaba en poder de el "trader god". Es indudable que los empleados veían a los políticos que iban a retirar dinero a las oficinas de Adhemar Capital.

Para terminar, volvemos a repetir que Aldana Donato no dice todo lo que sabe y que solo hay declarado lo que su abogado le indica ya que también de comprobarse lo denunciado por Retamozo es parte de la trama, de ahí proviene el contrataque de Ángel Granizo, que en realidad es de su cliente.

El máximo responsable de permitir la avanzada del éste infierno judicial es el director del proceso, el Juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, que nunca estuvo a la altura de la circunstancia, que no llegó a juez por sus notables condiciones académicas, sino por ser amigo de los poderosos de turno, que necesitan siempre el favor de la justicia para permanecer impunes. Lamentablemente para los ciudadanos de a pie, en sus manos está la causa más controvertida de la historia de Catamarca, en cuanto a la trascendencia social y económica; de él depende que pase a la historia como un leading case de la justicia argentina o que termine como la mayoría de las veces, en la nada, en el arcón de los peores recuerdos y de la injusticia, es decir en el infierno judicial, que también existe y está en Catamarca.