El proyecto de prevención y persecución de lavado de activos fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado. Las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, y la creación de un registro de activos virtuales son los principales ejes del proyecto. La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la Izquierda votaron en contra. Cinco legisladores se abstuvieron.

La sanción de esta ley es importante para el Gobierno, ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad. La Unidad de Información Financiera (UIF) se convertirá en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia y autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado y tuvo dos dictámenes, uno promovido por el Frente de Todos y otro por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal. Los principales desacuerdos estaban relacionados con los niveles de autonomía que tendría la Unidad de Información Financiera.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Legislación General destacó que participaron todos los sectores del Estado vinculados a la prevención del lavado. La legisladora del Frente de Todos subrayó la importancia de adecuar la normativa interna a los estándares internacionales sugeridos por el GAFI. En contraposición, la legisladora de la Coalición Cívica señaló que es necesario mantener la autonomía e independencia de la UIF y elevar el nivel de institucionalidad del país. Por su parte, el diputado de Evolución Radical consideró que la UIF debe tener una autonomía e independencia funcional que se lleve a la práctica.