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Política

El gobierno no reglamentó la adhesión de la Ley Lucio

Pons pone en discusión las pocas acciones de gobierno ante una problemática que nones ajena a nuestra provincia.

A casi dos años y medios de la muerte de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue sometido a abusos y torturas y asesinado a golpes en un hecho de infanticidio calificado como el más atroz de los últimos tiempos, Catamarca aún espera que la burocracia oficial dé el último paso para adherir a la provincia a la ley nacional 27.709.

Si bien la legislatura sancionó la ley 5804 el año pasado, a instancias de la preocupación por la violencia, maltrato y abusos que sufren los niños y niñas en la provincia, hasta el momento, el gobierno provincial no ha avanzado en el último paso para poner en vigencia la “Ley Lucio” en Catamarca, pues falta su reglamentación y puesta en marcha del plan de capacitación para los agentes, mediante un Plan Federal de Capacitaciones, de los tres poderes que trabajan en forma directa atendiendo esta problemática.

“No sabemos a ciencia cierta cuál es la política de gobierno en torno a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. La adhesión está aprobada, pero se trabó en el ejecutivo, que hasta el momento no realizó el último paso, que es su reglamentación y comienzo de vigencia”, señaló hoy la diputada provincial Alejandra Pons.

En términos más firmes, la legisladora cuestionó la importancia que el ejecutivo provincial le da a las políticas públicas que protegen a los niños y niñas. “Terminamos el período de sesiones extraordinarias y creíamos que el gobierno iba a avanzar con proyectos y leyes que le solucionen la vida a la gente, pero se quedaron en la preocupación y en lo discursivo”

“Presentamos sendos proyectos de pedidos de informes para que el gobierno nos diga por qué no puso en funcionamiento la “Ley Lucio” en la provincia y además, que nos informe en qué condiciones está trabajando la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia”.

“Hoy retomamos discusiones que parecían superadas, como la obligatoriedad de la educación primaria, la disminución de la edad de imputabilidad penal o la protección de los niños y niñas ante la mendicidad y la violencia”, señaló.

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