El ajuste llegó rápido a las provincias y entes públicos, tras las palabras del ministro Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa el viernes pasado cuando comunicaba que se bajaba el paquete fiscal de la Ley Ómnibus.

Al ser consultado por si el ajuste iba a ser mayor y lo íbamos a pagar todos, el jefe del palacio de Hacienda respondió afirmativamente.

Algo de esto también había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el martes pasado, al comunicar a la pasada que "el BCRA nos informa que quedó fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes”.

A partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales (generalmente el Nación o el de cada provincia) para pagar salarios o cubrir déficit.

Desde hace varios años se viene autorizando esa operatoria, pero la última prórroga aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (Comunicación “A” 7674) no será renovada.

Dicho y hecho, este lunes comenzaron a llegar correos electrónicos a los empleados de las universidades públicas, avisando de la mala nueva.

Como por ejemplo a los empleados de la Universidad Nacional de San Luis que mediante un comunicado se les explica que "el pasado viernes 26 de enero fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero), de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero (cláusula VIII del convenio).

Esta cláusula permitía que la UNSL (y muchas otras universidades y entes públicos) pudiera abonar los salarios los últimos días de cada mes, esperando el Banco hasta el día que se acreditara fehacientemente el dinero por parte del Tesoro Nacional. “Esto llevo a que fuera política de esta administración que, en todos los meses, se cobrara los 29, 30 o 31 del mes que finalizaba; y efectivamente el Ministerio de Economía giraba los fondos el tercer día hábil del mes posterior al pago. Existiendo un desfasaje de cuatro (4) o cinco (5) días corridos entre efectivo pago y acreditación”, describe el comunicado.

Tras esta explicación práctica del proceso de pago de los organismos públicos, el comunicado expresa que iniciarán “las gestiones ante las autoridades nacionales para poder solucionar la situación pero que de no tener éxito, damos formalmente aviso de que los haberes correspondientes al mes de enero del 2024, no podrán ser abonados los últimos días del mes (como era política habitual), sino que deberemos esperar a que los fondos estén acreditados y a la vista, sin poder precisar fecha (al momento de este comunicado), del día especifico que podremos abonar los salarios. Estimando que será dentro de los primeros diez (10) días del mes”.

Fuente: N.A.