En este último sentido, el legislador del interbloque de Unión por la Patria indicó que por la coyuntura impuesta por las decisiones del Gobierno nacional en materia económica se genera un daño muy importante para la mayoría de la ciudadanía.

“Simplemente con analizar indicadores económicos uno se da cuenta. Un salario mínimo vital y móvil son cerca de 160 mil pesos, y el valor de la Canasta Básica Total, que no incluye el alquiler, está en 600 mil pesos. Un jubilado que cobra la mínima, que son la mayoría de los siete millones de jubilados y pensionados de nuestro país, con el bono percibe 160 mil pesos”, detalló.

A ese escenario, recordó, se suma “una perspectiva de aumento de tarifas, de eventual devaluación, un incremento alocado de precios de los productos de la Canasta Básica Familiar y lo que se viene ahora en febrero que es un aumento de los elementos para que los niños vayan al colegio. La perspectiva económica es bastante compleja”.

Ante esta delicada situación, que se da en un contexto de permanente confrontación pública de Nación con distintos sectores políticos, Andrada valoró la prudencia del Gobernador Raúl Jalil y muchos de sus pares provinciales “de no entrar en el juego de esta dialéctica como si estuviéramos en tiempo electoral, con palabras que van de un lado al otro, porque detrás hay personas y no podemos entrar en ese juego verbal”.

En ese orden, el legislador enfatizó que “no podemos entrar en este juego de pelearnos por redes sociales, hay que ser más maduro. Tenemos que tratar que las decisiones que se tomen beneficien al máximo a las argentinas y los argentinos”.

“Raúl, con mucho tino, está intentando trabajar y dialogar, como muchos otros Gobernadores, dejando de lado la pirotecnia electoral”, con el propósito de acercar posiciones que permitan mejorar la realidad de nuestros ciudadanos, remarcó el senador.

Llegar a consensos

Asimismo, sobre las formas en que se pretenden imponer cambios acelerados, Guillermo Andrada expresó que siempre “hay cosas que se pueden mejorar. Pero no de esta manera, a los empujones. Gobernar por decreto no es lo correcto, no es el camino adecuado. Hay que llegar a consensos”.

Al respecto, explicó que si bien la Constitución Nacional habilita desde la Reforma de 1994 el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia bajo ciertas circunstancias, no se puede aceptar que “por un DNU, que es un instrumento, pretendan cambiar la realidad económica y social de la Argentina”.

Sobre todo, reflexionó, cuando el Congreso demostró que puede funcionar para discutir las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional, cumpliendo con la función del Poder Legislativo en la división de Poderes, de discutir, crear, modificar, derogar, mejorar normas, dando representatividad en la discusión a quienes no ocupan el Ejecutivo, porque componen el Congreso legisladores y legisladoras tanto del oficialismo como representantes de la oposición, enriqueciendo el debate con esa pluralidad.

Finalmente, sobre el tratamiento parlamentario del DNU 70/2023, el senador nacional precisó que ya se cumplieron los plazos para que sea tratado en la Comisión Bicameral del Congreso y que corresponde que cada Cámara se expida sobre el mismo, por lo cual desde Unión por la Patria reiteraron el pedido a la Presidencia del Senado de que convoque a sesión, el viernes 23 de febrero, para discutirlo en el recinto de sesiones.