Las dietas de los diputados y senadores nacionales quedaron, de repente, en el foco de las miradas, en momentos que la sociedad vive situaciones de zozobra social debido al inusual ajuste impuesto por el gobierno de Milei.

La resolución firmada el miércoles pasado por los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, despertó una cadena de indignación y reproches en redes sociales que obligaron al oficialismo a volver sobre sus pasos y repensar la medida (presentarán un proyecto de ley para retrotraer los incrementos).

En febrero, el último mes liquidado, el sueldo en mano de los diputados nacionales fue de 1.984.770,96 pesos, y de aplicarse un nuevo aumento del orden del 30% quedaría en 2.580.202,24 pesos.

A esto hay que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la Ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación.

La determinación de los montos de las dietas de diputados y senadores nacionales está desde hace mucho tiempo atado a la paritaria del gremio de APL, pero por desconocimiento de esta regla, Menem y Villarruel anunciaron un aumento cuando no había necesidad, dada la automaticidad de los ajustes. Los jefes de ambas cámaras se metieron en un embrollo evitable del cual ahora están intentando salir con el menor costo político posible. Ambos están pagando el duro precio de la inexperiencia.

El asunto sobre el valor de la remuneración de un representante parlamentario en el Congreso nacional es complejo y habilita lecturas distintas, según el enfoque con que se lo juzgue.

Naturalmente, un sueldo que orilla los dos millones de pesos mensuales está alejado de la realidad que vive cotidianamente la mayoría de los ciudadanos de a pie. Pero no es menos cierto que si se lo compara con las remuneraciones de ministros del Gabinete, de jueces de la Corte, o de simples directores de organismos públicos, hay un notorio retraso de los haberes legislativos.

Cada ajuste de las dietas de legisladores nacionales suscita sensibilidades y agita controversias en la opinión público como no sucede con los miembros del Poder Ejecutivo, y mucho menos con el Poder Judicial. Esto lleva al corazón del debate, que tiene que ver con la sistemática horadación pública del trabajo de diputados y senadores nacionales, y el desprestigio del Congreso de la Nación, siendo que la responsabilidad institucional de sus representantes es mayúscula y equiparable a la de los otros poderes del Estado.