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Política

Las mujeres indígenas y las comunidades están viviendo condiciones de extrema pobreza

Al celebrarse el día internacional de la mujer indígena, en una nueva emisión del programa “Sin Grietas” por Radio ONE, que conducen José Juárez e Ileana López González, fue entrevistada la Licenciada Lucía Martínez, reconocida defensora de los derechos indígenas del pueblo catamarqueño y esto dijo:

Exclusión y marginación de la mujer indígena

La mujer indígena cumple un rol preponderante en las comunidades, lamentablemente a nivel provincial, la vida de las mujeres indígenas, tanto niñas, jóvenes y adultas, viven en una situación de exclusión y de marginación, y esto lo digo por las realidades que conozco.

Esto se da por un lado por la falta de acciones políticas del gobierno de la provincia sobre los derechos de los pueblos indígenas, por otro lado, la misma sociedad envolvente, no termina de incorporarlos a ellas y a las comunidades, como sujetos colectivos de derechos especiales.

Notamos grandes falencias en ellas, en lo que es salud, educación, en el acceso a los empleos y se viven situaciones muy dolorosas dentro de las comunidades, en el caso de La Angostura, recién el 2011 empezaron a ir a la escuela, en Carachi dentro del distrito de Villa Vil, recién en el 2016. Aun así, con todas las dificultades, la educación que reciben es de baja calidad, son lugares muy aislados, en toda la provincia, tenemos alrededor de cincuenta comunidades autoproclamadas, con personería jurídica.

En relación con la mujer indígena, visitando unas familias, vi unas niñas que no estaban escolarizadas, pero si a los varoncitos, lo mandaban a Loro Huasi, a Laguna Blanca, cuando le pregunté a un adulto por qué ellas no iban, me respondió que, “las mujeres no necesitan ir a la escuela”. Y se encontraban en una situación de analfabetas totales.

Hoy me arriesgo a decir, que un gran grupo de mujeres que no pudieron salir de esas poblaciones, son analfabetas funcionales, que no accedieron al pleno derecho de educación.

En el caso del acceso a la salud, hay lugares que pueden pasar hasta dos años que no tienen una visita médica, esas mujeres no tienen ningún control en su salud reproductiva, tienen partos no institucionalizados, el año pasado murió una nenita con una cardiopatía congénita, pero falleció por una gripe, pero esa niña nunca llegó a ser atendida en un centro de salud, y ni hablar del caso de Los Morteritos, donde un enfermero atendió dos partos en la cuesta, porque en Villa Vil no había médico. Son situaciones críticas.

Ausencia del Estado

Es hora de hacer un llamamiento a la sociedad y a los gobiernos, para que se cumpla con los derechos de las poblaciones indígenas, especialmente de las mujeres, y niñas, en ese sentido, Naciones Unidas sacó un artículo donde se las incluye por primera vez.

El Instituto Nacional de Comunidades Indígenas, quien vela por sus derechos, demora mucho para inscribir en el registro de comunidades, vienen muy demorados desde hace muchos años, y en esto pregunto, porque nuestros legisladores nacionales no se llegan al instituto a ver porque es que dilatan estos trámites, porque no hay una respuesta, o cuando envían la información y le corrigen los textos o los formatos, y cómo van a cumplir, cuando les estoy contando cuales son las situaciones de educación a la que acceden.

En el caso del territorio, es otro tema más demorado aún, por caso los Morteritos, Las Cuevas y Antofalla, son comunidades que tienen reconocimiento por Ley de la provincia a la propiedad comunitaria, en esos casos, la provincia aún no les hizo entrega a pesar que ya se hicieron los relevamientos en el marco de la Ley 26.160 de emergencia de tierras indígenas que tiene numerosas prórrogas, los estudios se hicieron en el año 2009, fueron entregados a la provincia en el año 2015, y la provincia no procede a la entrega de estas tierras, en medio de esas situaciones tan dolorosas están viviendo nuestras mujeres indígenas y nuestras comunidades, en condiciones de pobreza extrema en las que viven, deben ser un llamado de atención urgente, tanto para el gobierno, los intendentes, los legisladores nacionales y provinciales, parece ser que este es un tema que les resbala.

La verdad que no puedo hacer un juicio de valor, pero si dar mi opinión ante la falta de atención de los funcionarios, y creo que se debe a la falta de conocimiento de las legislaciones y de los derechos de nuestras comunidades como sujetos de derechos especiales.

Hay una situación muy grave, las autoridades tienen una política de carácter clientelar, entonces el ejecutivo compra los silencios con cosas materiales, hay un cacique que le dieron una camioneta, modelo 2010 a nombre de YMAD y se le entrega mediante un acta, y la camioneta no es propiedad de la comunidad, y no es que ni siquiera es un 0K, es un vehículo que ya está desgastado, totalmente amortizado.

Dádivas, explotación minera y licencia social

Entiendo que tienen que tener un vehículo, pero... ¿quién les proveerá el combustible?, ¿quién le hará el mantenimiento a la camioneta? Con casos como este, lo que el gobierno pretende, es endulzar a las comunidades para que le firmen la licencia social para la explotación minera, y esto es gravísimo. Hay una Ley Nacional, la 24.071 que adhiere al convenio 169 (OIT) Organización Internacional del Trabajo, donde establece que las comunidades deben de ser consultadas previamente y consensuadas, son las comunidades que deben dar el consentimiento, en este caso, en Catamarca las consultas no se hicieron, se hizo una especie de consulta pública con mucha gente, donde anunciaron que iban a recibir la gran usina de paneles solares en Antofagasta de la Sierra, y no está funcionando siquiera, en realidad funcionó un sólo día, pero eso no resuelve ni repara el uso del territorio y el daño ambiental que causa la extracción minera, que afecta toda la vida de la comunidad, es tan grande el daño que causa, que afecta a los derechos de las comunidades que viven allí.

Es lo que va a pasar en el caso de Carachi Pampa, donde no existe un río, solo una vega, de ahí beben los animales de las comunidades, allí la gente pidió puestos de trabajo, y les hicieron firmar unos contratos de servicio, pero con índices fuera de nivel, y no pueden reclamar porque dicen que son funcionarios del gobierno y la realidad es que nunca cobraron.

En el caso de la contaminación de una empresa, es grave, la contaminación se da entre el campo de Piedra Pómez, el Volcán y el Salar, no hay una política ambiental y no le dan participación a la gente, están planteando también, la creación de un organismo específico que atienda los asuntos indígenas en las provincias, pero nunca había presupuesto para crearlo, y advertí en muchas ocasiones a los legisladores y tampoco lo observaron, que, cuando les llegue el presupuesto de la provincia vean si había una partida específica para los pueblos originarios.

Ahora se creó una secretaría de Estado, pero no nombraron a ninguno de ellos que son parte de la comunidad e incluso hay hasta una chica que es abogada, pero en su lugar, nombraron a Marcelo Rivera, el ex ministro de gobierno y ex ministro de desarrollo, como secretario de Comunidades Aborígenes que es nulo en materia de derechos indígenas, carece de experiencia y no registra actividades previas, vinculadas a las comunidades de pueblos indígenas de la provincia. Por supuesto fue creada sin consulta alguna.

Lucía Martínez, Licenciada en Trabajo Social. Diplomada en Derechos Humanos. Diplomada en</p><p>
Antropología Social, Cultural y Política. Diputada provincial (MC)
Lucía Martínez, Licenciada en Trabajo Social. Diplomada en Derechos Humanos. Diplomada en

Antropología Social, Cultural y Política. Diputada provincial (MC)

entrevista exclusiva Dia Internacional de la Mujer Indígena Derechos Indigenas Derechos Humanos

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