La causa por el financiamiento ilegal de la política que tiene como principal acusado a Julio “Chocolate” Rigau avanza hacia arriba y empieza a poner la lupa en sus jefes políticos. Mientras que la Justicia estimó que el fraude al Estado que se investiga en este caso sería de 800 millones de pesos, la fiscal Betina Lacki pidió la detención del concejal platense del Frente Renovador Facundo Albini, de su padre, Claudio Albini, y de los 48 titulares de las tarjetas de débito que estaban en poder de Rigau. La decisión está en manos del juez Federico Atencio, quien en un paso preliminar ya había rechazado las eximiciones de prisión presentadas por todos los imputados.

Tras el arresto del puntero del PJ, sorprendido en septiembre cuando sacaba plata con tarjetas de débito de 48 supuestos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia, este martes quedaron imputados quienes serían sus referentes políticos: Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y Facundo Albini, su hijo, concejal de La Plata y apoderado a nivel nacional del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos quedaron imputados por asociación ilícita.

La imputación corrió por cuenta de la fiscal Lacki. Cuando ambos vieron el riesgo de quedar presos con esa calificación legal, pidieron ser eximidos de prisión, para garantizarse continuar en libertad durante el proceso. Pero el juez Atencio rechazó esas eximiciones de prisión, con lo que su situación, al igual que la de los dueños de las 48 tarjetas de crédito, es delicada.

Las evidencias que llevaron a imputar al concejal Albini y a su padre surgen del contenido del teléfono celular de “Chocalate” Rigau, dijeron a LA NACION fuentes del caso. Entre los mensajes de WhatsApp que fueron analizados se cuentan conversaciones con Albini, que a su vez aludían a su padre como quien daba las indicaciones, señalaron las fuentes consultadas.

La evidencia llevó a considerar a Claudio Albini como el jefe de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública de manera reiterada, según surge de documentación a la que accedió LA NACION. Esa es la imputación.

En el caso de Facundo Mario Albini, también se le imputan los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.

Asimismo, la fiscal consideró este martes que los 48 dueños de las tarjetas de débito deben dejar de ser testigos y pasar a ser imputados como partícipes de estos dos delitos investigados. Al se rechazadas las eximiciones de prisión de todos, su libertad corre riesgo. Por la noche, la fiscal pidió la detención también de estas personas.

Cuando los imputados pidieron ser eximidos de prisión, el juez Atencio consideró que no se les podía garantizar la libertad durante el proceso debido a la extensión del daño que se investiga en la causa y a las características de la conducta imputada, que permitiría que, de ser condenados, la pena contra ellos fuera “de cumplimiento efectivo”.

Cuando rechazó el pedido de eximición de prisión de Facundo Albini, el juez dijo que lo hacía “por la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público -suma que hasta el momento asciende a los 800 millones de pesos-; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por el imputado, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influencia entre coimputados -teniendo en cuenta la relación familiar que lo une con el jefe de la asociación- y la pena en expectativa”.

Origen político

Facundo Albini, hoy concejal platense, milita desde hace años en el Frente Renovador de Sergio Massa. Tiene 36 años, es abogado y conduce la agrupación “Unamos Generaciones”, con presencia en Los Hornos, San Carlos y Palihue. Es apoderado del Frente Renovador a nivel nacional desde 2015. El domingo 22 de octubre consiguió la reelección como tercer candidato a concejal en la lista de Julio Alak, candidato a intendente de La Plata y ministro de Justicia de Axel Kicillof.

El juez Atencio decidió rechazar la eximición de prisión que plantearon, ante el temor de quedar presos, los 48 dueños de las tarjetas de débito que cobraba Rigau. Los supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense pidieron permanecer en libertad mientras dure el proceso, pero el juez les dijo que no.

De hecho, se los acusa de haber sido partícipes del delito de fraude contra la administración pública, por lo que en caso de ser detenidos, no sería posible en principio su excarcelación. La situación de ellos también es delicada.

El juez tomó la decisión en sintonía con la opinión de la fiscal Lacki. La fiscalía avanza con la investigación reuniendo evidencia sobre rol de estas personas que, cuando declararon, dijeron ser empleados legislativos que le habían dado a Rigau sus tarjetas de débito para que les cobrara el sueldo.

La sospecha es que son “ñoquis”, empleados que en realidad no trabajaban y que aceptaban figurar como contratados sin cobrar su sueldo a cambio de sumar aportes jubilatorios y contar con una obra social. Los investigadores entienden que sus sueldos eran una vía ilegal de financiamiento de la política. En los mentideros de la política del conurbano admiten que este es el principal problema que representa la causa, aunque tratan de encapsular el asunto en torno a Rigau, con el argumento de que pudo ser un negocio personal del puntero.

El contenido del celular de Rigau, que está siendo analizado por la fiscal Lacki, va a develar ese misterio. “Hay numerosas conversaciones y grupos de WhatsApp de la política”, dijo una fuente del caso a LA NACION. No quiso avanzar más hasta que el peritaje esté hecho.

Los titulares de las tarjetas

El defensor oficial había planteado en un escrito la eximición de prisión ante la eventualidad de que les imputaran a los dueños de las tarjetas “la posible comisión de un delito por el cual procedería su detención”. El texto fue presentado el lunes 23 de octubre. El defensor expresamente señaló que no pretendía que el juez de la causa decidiera ahora si concedía o no ese beneficio, sino que lo solicitaba “para el caso de que el Sr. Agente Fiscal eventualmente requiera la detención”.

Los que pidieron que se les concediera este beneficio para no quedar presos son Álvaro Agra, Amanda Albino, Mabel Alvear, Graciela Anivarro, Diego Berón, Raúl Boragina, Mónica Caberta, Brenda Caro, Marisol Correa, Ernesto Crivaro, Cecilia Ovidio, José Da Ponte, Perla De Micheli, Lourdes Degollada, Cristina Degollada, Rosana Delgado, Flavia Di Rosa, Arturo Falcon Ramírez, Raúl Folone, Mónica Kaberta, Diego Koster, Lucas Lucero, Lilia Malmaceda, Sheila Maroni, Daniel Mederos, Juan Martín Méndez, Rubén Mendívil, Ramiro Pascual, Matías Pecile, Silvia Pérez, Agata Plana, Enzo Plana, Patricio Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Ravetllat, Cristian Rigau, Gerardo Rigau, Aldana Rodríguez Antonio Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Sánchez, Ramón Silva, Ramón Sosa y Ezequiel Tocci. Ese beneficio les fue denegado y ahora la fiscal pidió su detención.

El teléfono de Rigau

La fiscal Lacki abrió el viernes pasado el celular de Rigau, quien se encuentra detenido bajo la sospecha de ser uno de los eslabones del financiamiento de la política. Quedó preso por tener 49 tarjetas de débito que no eran suyas (dos de las tarjetas pertenecían a una misma persona) y 1.200.000 pesos, mientras sacaba dinero de un cajero automático con todas ellas.

Rigau es empleado de la Cámara de Diputados de la provincia y puntero del peronismo. El contenido de su celular puede echar luz sobre para quién trabajaba, quién era su jefe, a quién le daba el dinero que sacaba de las cuentas. Por fotos y testimonios, Rigau fue ligado al concejal Facundo Albini.

Hernán Cappiello