Marcelo Murúa fue el encargado de fundamentar la iniciativa. Expuso el marco jurídico nacional e internacional y remarcó que “es política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección a sus victimas y la persecución y sanción de sus autores”. Así, destacó que se debe crear un programa dedicado “especialmente a desarrollar las acciones y las prestaciones de protección y asistencia vinculadas con el mundo del trabajo, el empleo y la protección social destinadas a las afectadas y a los afectados por los delitos de trata”.

Por su parte, Mónica Zalazar destacó que el proyecto provincial “cumple con lo que establece la ley nacional” y reseñó tres puntos de la iniciativa: ”Un incentivo económico a través de reintegro de cargas sociales, pasantías laborales y la confidencialidad e intimidad”. Luego, Víctor Luna adelantó el acompañamiento al proyecto y “esperamos que pronto sea ley para que nadie sufra las consecuencias de lo que significa perder la condición de seres humanos y personas”.

Adriana Díaz remarcó que el proyecto implica la presencia del Estado mientras que Natalia Saseta no solo respaldó la iniciativa sino que también la calificó como “un gran avance”. En el debate también ofrecieron sus perspectivas positivas Augusto Barros, Verónica Mercado, Isauro Molina, Hugo Ávila, Diego Figueroa, Alejandro Páez y Juan Denett.