El 29 de abril de 2025 Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de ARCA, presentó de forma espontánea una denuncia por un intento de venta de sentencias ante la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit, tras relatar cómo Luis Alejandro Ontiveros, identificado como sobrino del camarista federal Mario Leal, habría ofrecido un fallo favorable a cambio de una coima.

Denuncia y partes involucradas

La acusación central señala a:

Luis Alejandro Ontiveros: supuesto oferente de la coima y “sobrino” del camarista federal Mario Leal.

Mario Leal: camarista federal de la Cámara de Apelaciones de Tucumán presuntamente implicado de modo indirecto.

Solana Esther Casella: relatora interina de despacho de Leal, pareja de Ontiveros y redactora de la sentencia ofertada.

Juzgado Federal N°2: el expediente se tramita ante el juez José Manuel Díaz Vélez, quien tomó intervención en la causa en etapa de instrucción.

Funcionamiento del presunto esquema

Según el dictamen del fiscal Chit, el mecanismo habría incluido:

Coordinación de una reunión en un Fiat Toro color bordo (dominio AE026UD), vehículo registrado a nombre de la Corte Suprema y asignado a la Cámara Federal, para justificar el traslado de Ontiveros con los fondos de la coima.

Uso de la billetera virtual de Mario Leal por parte de Ontiveros para cargar consumos, demostrando un vínculo financiero entre tío y sobrino.

Participación de familiares de Ontiveros en el Poder Judicial, incluido su hermano Gustavo Ramón Ontiveros, reforzando un entramado de relaciones profesionales y personales dentro de la justicia local.

Pruebas recabadas

La Fiscalía presentó como evidencia: Capturas de pantalla de chats de WhatsApp con instrucciones sobre montos y condiciones para obtener el fallo. Grabaciones de audio en las que Ontiveros detalla el ofrecimiento de sentencia a cambio de dinero. Certificación de datos vehiculares que confirma la utilización del Fiat Toro para el encuentro.

Documentos que acreditan los vínculos laborales y personales de los involucrados en el Poder Judicial de la Nación, reforzando la hipótesis de un esquema de favoritismo interno.

Estado procesal y próximos pasos

La causa sigue bajo instrucción en el Juzgado Federal N°2, donde el fiscal Chit: Verificó en julio de 2025, junto al abogado Juan Andrés Robles, la autenticidad de las actuaciones iniciadas por Martínez Salazar Pérez. Solicitó la indagatoria de Ontiveros, quien presentó un descargo escrito negando la existencia de pruebas contundentes.

No recibió respuesta de la defensa de Ontiveros ni del camarista Leal ante los intentos de entrevista, lo que mantiene el proceso en una fase previa a las medidas de prueba más complejas. Se aguardan pericias de acreditación de voces y la declaración de nuevos testigos para robustecer la investigación y definir futuras imputaciones y medidas cautelares.

Reflexiones y posibles temas a profundizar

Además de esta causa puntual, podría resultar interesante explorar otras cuestiones no menos importantes de como sería el procedimiento de recusaciones y recursos en la justicia federal cuando están involucrados sus propios miembros. El impacto de este escándalo en la percepción de independencia e imparcialidad de los tribunales en Tucumán.

Mecanismos de transparencia y control interno que eviten la reiteración de casos de corrupción judicial.