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Columnistas

"El cemento no se come". El dramático costo de no cooperar y el ajuste K que derrumba el relato

El arranque de la campaña en medio de una economía frágil.

La Argentina siempre pone por delante todo su pasado. Aquella diatriba fue en septiembre de 2019, en plena campaña electoral como la que se abre en estas semanas en el país. Entonces, la actual intendenta de Quilmes e integrante de La Cámpora, Mayra Mendoza, subió al escenario para chicanear a su rival de Juntos por el Cambio. “Con el cemento no se come”, le replicó para enrostrarle la impactante inflación. Mauricio Macri hacía campaña con la obra pública.

La frase envejeció de la peor manera. Eso quedó bien claro esta semana, luego de la reunión que el presidente Alberto Fernández tuvo con varios intendentes. “Los distritos crecen, hay buenas obras públicas (…), pero por más trabajo que haya, si el salario no alcanza para llegar a fin de mes, estamos en problemas”, se descargó públicamente Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, en una radio. Luego cerró: “La gente está muy contenta porque les damos cloacas, pero va al mercado y se acabó la alegría”.

Son dos formas distintas de decirle al Presidente y a Mendoza: “Con el cemento no se come”. Lo interesante es que no salió de la boca de un opositor, sino de un peronista clásico y en pleno inicio de campaña. El bote se sigue moviendo.

Hay otras grageas kirchneristas del pasado que se hacen presentes en estos días. Por caso, los datos del censo y el ataque a la Corte Suprema trajeron a la actualidad a la vieja “patota” de Guillermo Moreno. El engrosamiento de la cantidad de habitantes en La Matanza en 2010 para recibir más fondos quedó al descubierto en el último censo presentado la semana pasada. Pocos recuerdan que aquel operativo realizado el día de la muerte de Néstor Kirchner fue conducido por María Sol Padín, hija de Ana María Edwin, ex directora del Indec y uno de los alfiles de Moreno para la intervención. Antes de las denuncias de hoy, en 2016, Jorge Todesca ya había detectado irregularidades, entre ellas, “la clonación” de población.

En AFIP, como contó Joaquín Morales Solá en LA NACION, un hombre de La Cámpora, Mariano Abruzzese, es el encargado de monitorear las cuentas de los jueces de la Corte Suprema. Otra perlita: Abruzzese es hijo de Beatriz Paglieri, la mano derecha de Moreno en el Indec y la primera encargada de retocar el índice de precios al consumidor.

Por las dudas, la oposición también recicla. Elisa Carrió anunció con Jorge Lanata que será precandidata a presidenta este año y afirmó que trabajaba en proyectos para presentar vinculados a las retenciones y a las pymes. Pero su bloque ya los lanzó en mayo de 2022. Tienen estado parlamentario aún. Se buscaba volver al espíritu de 2017 con una reforma tributaria en ganancias corporativas (que vaya al 25%), que las retenciones bajen al 10% para la soja y a 0% para otros productos, que el impuesto al cheque sea tomado a cuenta de ganancias y una eliminación de doble indemnización y la reducción de la carga impositiva al trabajo. Además, se relanzaría un nuevo acuerdo con las provincias para bajar ingresos brutos.

Los costos de la no cooperación

Las interpelaciones al pasado son inagotables, porque el público cambia. Sin embargo, el presente es la campaña electoral. El proceso proselitista comenzó enfrascando al Gobierno y a la oposición en un debate nunca dado en la Argentina: la herencia. Escasean los proyectos hacia adelante para escapar a la crisis. No sólo eso. Por ahora, no hay acuerdos para encapsular a la economía de la grieta que se abre cada vez más en la política, pese a que Sergio Massa tiene apoyo de parte del empresariado, del Frente de Todos y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una “no cooperación” y el fin de los “conejos” en la galera del ministro de Economía para conseguir dólares tendría costos, no sólo en 2023 sino en 2024.

No es una opinión. El cálculo sobre el impacto que puede tener una economía desestabilizada lo hizo la economista Marina Dal Poggetto. La inflación, en un escenario sin dólares ni cooperación, podría saltar a un 134,2% (hoy la calcula en 103,2%). El dólar promedio alcanzaría los $265 y el CCL, $665. Los ajustes sobre el salario real y las jubilaciones serían mayores a los de un escenario de estabilidad, pronostica Dal Poggetto en su último documento.

Sin embargo, Dal Poggetto es optimista sobre el escenario de cooperación entre los principales actores. Afirma que el FMI no pone trabas y acomoda metas; el círculo rojo empresario/sindical acompaña y negocia, y que la coalición oficial se ordena detrás de Massa, que sigue diciendo que no será candidato. Las dudas están en la coalición opositora.

“A los riesgos de transición económicos hay que agregarles los riesgos de transición política”, escribe la economista y explica: “A una oposición que no coopera en la transición por sus declaraciones sobre la economía le puede corresponder un peronismo que no coopere con la viabilidad política de un cambio de régimen económico del no peronismo. Dicho de otra forma, la cooperación o no cooperación no sólo incide en el escenario 2023, sino también en 2024″.

“Obviamente, la cooperación óptima era aquella que arrancaba con las correcciones, no la que acumula crecientemente distorsiones intentando patear la pelota para lo que viene. Pero metido en esta trampa, el ala dura de la oposición hoy se encuentra con un discurso complicado para una campaña electoral”, describió la especialista, que anticipó que cualquier programa económico desde 2024 arrancará con un salto del tipo de cambio “discreto”, una respuesta respecto al sostenimiento de los contratos en pesos y una definición sobre el desarme del cepo.

Números indigeribles

Mientras tanto, Massa vende “ordenamiento y esperanza”, según Dal Poggetto o “estira la mecha”, según la oposición. Por debajo de la alfombra, lo que parece seguro es que va minando el relato kirchnerista con un ajuste, lo que denunció esta semana el Polo Obrero en la calle. Eso no es todo. Además, diluye argumentos de los que viven en el Instituto Patria. Según el último informe de Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional en 2022 publicado el 19 de enero por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto que más creció el año pasado fueron los intereses de la deuda. Un 18% real. Ese gasto representa casi dos puntos del PBI, casi lo mismo que el gasto en personal.

La suba de la inflación que denuncia Descalzo tiene otra cara, la de los ingresos, sobre todo de los más débiles. “El poder de compra de los haberes jubilatorios del régimen general de ANSeS, atados a la movilidad jubilatoria, se redujo 5,6% año a año, mientras que para los haberes de los jubilados que cobran la mínima con aplicación de bonos la pérdida se moderó a 1,1% año a año”. El gasto en la Asignación Universal por Hijo vio una reducción de 10,4% “como consecuencia de la reducción del valor de las prestaciones por la aplicación de la fórmula de movilidad”.

Dichas retracciones, además de las de los Repro pos pandemia y otros programas, habrían sido compensadas en el total por el Potenciar Trabajo (+25,3%) y varios bonos para informales. “El programa de Políticas Alimentarias se redujo 6,5% año a año debido a que la actualización del monto de la prestación no logró compensar la inflación”, estimó la OPC. El gasto social se mantuvo, pero hay más pobres. Eso es porque hay cada vez más trabajadores que no superan la línea de pobreza e indigencia establecidas por el Indec y que en 2022 se duplicaron, según datos oficiales.

La caída de subsidios energéticos fue 6,5% en el año. Se dio como contrapartida de los aumentos de tarifas que el kirchnerismo denunció en el pasado, cuando Juan José Aranguren encabezaba las subas de las boletas en el macrismo. Pero Massa fue más hábil. El sistema es tan opaco que nadie sabe cuánto cuesta un kilowatt o un metro cúbico. Eso no implica que los usuarios no lo sientan en sus boletas. Ahora de luz, y cuando empiece el inverno, en las de gas.

El gasto en inversión real directa se hundió 9,9% en 2022, según el documento de la OPC y cayeron las transferencias de capital, a fondos fiduciarios, y a empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, AySA, ADIF, y Operador Ferroviario SE. Sin embargo, Massa elevó la asistencia financiera a provincias y municipios, y ensanchó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Celebran entonces el gobernador Axel Kicillof y también Descalzo por la caja.

El dilema es gigante. Los datos sobre la probable herencia interpelan a la oposición. Aquellos sobre el ajuste, al oficialismo. La pregunta ya no es sólo si Juntos por el Cambio cooperará o no, sino si el Frente de Todos mantendrá su frágil cohesión interna con recortes en plena campaña electoral y mientras la inflación no se desacelera. Parafraseando al presidente, Alberto Fernández, la pregunta es si los tiros de los mismos peronistas al piso del bote no se terminarán multiplicando.

Francisco Jueguen

LA NACION

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