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Columnistas

Un fallo desestimó chats obtenidos por espionaje ilegal y se abren dudas sobre el juicio político a la Corte

El juez Ramos consideró que no se puede admitir ese tipo de pruebas. Los K avisaron que igual avanzarán con el proceso. 

En un duro fallo, el juez federal Sergio Ramos cerró una causa contra Silvio Robles, el secretario del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que se había iniciado por los supuestos chats filtrados con Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia porteño con pedido de licencia.

La causa arrancó con una denuncia que presentó el abogado Gastón Marano contra Robles y D'Alessandro por las comunicaciones que habrían mantenido y que se ventilaron a través de un sitio web.

El juez consideró que debía archivarse el expediente porque las comunicaciones fueron obtenidos a través de espionaje ilegal. "No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", sostuvo Ramos.

En el fallo, incluso, el magistrado recordó que las intervenciones ilegales a la vida privada de las personas fueron un método que usó la última dictadura militar. "El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique", planteó Ramos en el escrito y agregó que de ninguna manera el Estado ni otros actores deben inmiscuirse en la "vida privada de forma ilegal". "Esta protección, vuelvo a reiterar, sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar", sostuvo el juez.

La decisión del juez tiene alto impacto en el mundo de la política y en el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema de Justicia. Una de las acusaciones que el oficialismo quiere discutir en la Comisión de Juicio político son las comunicaciones entre Robles y D'Alessandro. Con este fallo esa prueba quedaría al menos desprestigiada ya que fue obtenida de manera ilegal.

Pese a todo, el oficialismo buscará que esos chats se muestren en la Comisión. Y la titular de ese cuerpo, Carolina Gaillard, insistió en que podrían pedir el secuestro de los teléfonos de los jueces.

Impacto en la Ciudad

El fallo de Ramos también tiene impacto en el Gobierno porteño. Tras la difusión de los chats, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió correr al ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, para que se pida una licencia por 90 días.

Con el fallo de la Justicia el caso se cierra y es probable que los otros expedientes donde estén involucrados esos chats sufran el mismo destino. En el PRO, tras la decisión de Larreta de impulsar la licencia contra D'Alessandro, hubo críticas y reproches al jefe de Gobierno. Hay sectores que consideran que se apuró en soltarle la mano ante una denuncia que venía viciada ya que los chats, como sostenía Elisa Carrió y ahora confirma la Justicia, eran producto de espionaje ilegal.

La líder de la Coalición Cívica le había pedido a Larreta que "sostuviera" al funcionario y fue crítica en público con la decisión del jefe de Gobierno.

Incluso muchos evaluaron la situación de Diego Santilli, el diputado y candidato a la provincia de Buenos Aires que también sufrió un hackeo ilegal en su teléfono. ¿Larreta le soltará la mano si se filtran sus comunicaciones?

Ramos, para tomar la decisión, se basó en las opiniones del fiscal Carlos Stornelli que intervino en el expediente. Para Stornelli, convalidar una investigación "única y exclusivamente en elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo", colisionaría con "los más básicos e irrenunciables principios constitucionales y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.

En su argumentación, Stornelli cita un fallo que pega de lleno en la estrategia qu hoy tiene el kirchnerismo frente a los chats ilegales. Se refiere al voto de Ana María Figueroa, una jueza cercana a los K, en la discusión que se dio en la Cámara de Casación por la reapertura de la causa del Pacto con Irán.

Figueroa sostuvo que no se podía reabrir el caso ya que una de las pruebas era inválida. Se trataba de una conversación telefónica entre Héctor Timerman y el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, que había sido obtenida de manera ilegal. "Uno de los pilares del estado de derecho radica en que el Estado no puede beneficiarse ni usufructuar por el resultado de un ilícito", escribió Figueroa en ese fallo.

En ese momento, los K criticaron con dureza a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos porque habían admitido esa prueba que era producto de un hackeo ilegal. Ahora, pese a que los chats entre Robles y D'Alessandro también salieron del espionaje clandestino, no parecen preocupados por la forma en que se obtuvieron.

Nicolás Diana

Clarín

Chats ilegales Juicio Político a la Corte Horacio Rosatti Argentina

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