Se estima que en 2021 el PBI registrará un crecimiento algo superior al 10 por ciento, luego de haber caído 9,9 por ciento el año anterior. De este modo, el nivel de actividad del año 2021 aún se ubicaría algo por debajo del registrado en 2019. Sin embargo, el último trimestre de este año habría registrado un nivel de actividad 4,3 por ciento superior que el mismo período de 2019.

Gran parte de la caída y posterior recuperación se explica por lo acontecido en movilidad, sin embargo, los paquetes de estímulo fiscal, habituales en los años electorales, hicieron lo suyo. En la economía post pandemia, con elevados niveles de capacidad ociosa, los paquetes de estímulo fiscal incentivaron la demanda interna, lo que redundó en una mayor tasa de crecimiento.

De esta manera, luego de una caída de actividad económica en el segundo trimestre del año, en el tercer trimestre la economía creció a un ritmo anualizado superior al 17 por ciento. Ahora bien, estos paquetes de estímulo también tienen costos.

Las medidas electorales de estímulo a la demanda incrementan el desequilibrio fiscal, que al ser financiado con pesos genera serios desequilibrios. Los pesos no demandados genuinamente buscan convertirse en bienes, ya sea transables o no-transables, generando actividad económica o el deterioro de las cuentas externas; o también buscan convertirse en divisas, lo que explica la pérdida de reservas del Banco Central, la existencia y aumento de la brecha cambiaria y la aceleración de la tasa de inflación. Lo que suceda el año próximo dependerá de cómo se resuelvan los desafíos que enfrenta la economía nacional.

La reducción del desequilibrio fiscal, el ajuste de los precios relativos y la refinanciación de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional representan los principales desafíos de corto plazo. El ajuste fiscal y de precios relativos son requerimientos de la economía, independientemente de que el organismo internacional de crédito los demanda para el logro de un acuerdo.

¿Quiénes pagarán el costo?

El ajuste es inevitable, la gran pregunta es si éste se llevará a cabo mediante un programa que limite el impacto sobre los sectores más vulnerables de la población, o si lo hará el mercado, el cual tendría impactos claramente regresivos. Por ejemplo, si la reducción del déficit fiscal se lo hace atacando el gasto en subsidios económicos o el destinado a financiar el déficit operativo de las empresas públicas (entre ambos representan más de 3,5 puntos porcentuales del PBI, lo que es superior al déficit primario del gobierno nacional) claramente el costo lo pagarían quienes sufran los incrementos de tarifas, los usuarios y los empleados de empresas públicas.

Ahora, si este ajuste no se hace mediante un programa, el desequilibrio fiscal se financiará vía impuesto inflacionario, siendo los principales perjudicados quienes no ajusten sus haberes inmediatamente: jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.

Dada la situación económica y social mucha gente tiende a pensar que no hay margen para más ajuste. Con una economía estancada hace una década, 4 de cada 10 argentino en situación de pobreza, de los cuales 1 es indigente; y donde el ingreso total mensual de 9 de cada 10 hogares no supera los 1.000 dólares por mes, hablar de ajuste suena despiadado. Sin embargo, debemos entender como sociedad que el ajuste no solo es inevitable, sino que es necesario si se quiere revertir el deterioro secular que sufre el país hace décadas.

¿En qué consiste el ajuste?

Para entender la dinámica de este, se debe tener presente que Argentina tiene un superávit en cuenta corriente equivalente a 1 punto del PBI. Esto quiere decir que, a nivel agregado el país no necesita un ajuste del gasto ya que el mismo es inferior a los ingresos del país. Ahora bien, este superávit externo es el resultado de un déficit del sector público equivalente a casi 4 puntos del PBI, mientras que el sector privado presenta un superávit de 5 puntos del PBI.

Partiendo de esta situación, el ajuste deseado, y base para un proceso de crecimiento sostenido, consiste en la implementación de un programa integral que tenga como clave la reducción del desequilibrio fiscal, de manera tal que ayude a revertir las expectativas negativas del sector privado. La mejora en las expectativas deberá traducirse en la reducción del atesoramiento externo privado, destinando el mismo especialmente a inversión -para ello la corrección de precios relativos es condición necesaria- y en menor medida al consumo. Esta reducción del ahorro privado sería compensada por la reducción del desequilibrio fiscal, manteniéndose, de este modo, el superávit externo.

Cabe aclarar que la no necesidad de un ajuste del gasto agregado no implica que el mismo no vaya a ocurrir. Si bien a fin de 2001 Argentina ya presentaba un superávit externo, en 2002 el mismo superó el equivalente a 9 puntos del PBI, ya que la crisis de confianza provocó un sobre ajuste de la economía, lo que resultó en una caída del nivel de actividad superior al 10 por ciento.

La única forma de revertir las décadas de deterioro secular que pesan sobre la historia del país, con el consecuente impacto sobre las variables sociales, es mediante el crecimiento económico sostenido. Cualquier atajo podrá generar una mejora de corto plazo, sin embargo, una vez que se ajustan los desequilibrios en las cuales se incurre, la situación final termina siendo peor que la de inicio.

Fernando Marengo