Para poder analizar el posible impacto del acuerdo en curso de negociación con el FMI es necesario tener un escenario cuantitativo de referencia. En nuestro caso, el resultado de las cuentas públicas en 2021. No incluimos aquí el sector externo, es la parte más resaltada de la discusión, pero al centrarse la discusión en el sector externo se opaca la otra parte del problema que enfrenta actualmente la economía argentina: el desequilibrio de las cuentas públicas, la deuda interna del Tesoro y el déficit cuasi-fiscal del BCRA.

A ello se agrega la mayor de las consecuencias de ese desequilibrio: la elevada y persistente tasa de inflación. De estos temas se ocupa la presente nota, al mismo tiempo que se intenta un análisis meramente teórico de las posibilidades de eliminar el déficit fiscal y de sus posibles consecuencias sobre el PBI.

Las cuentas públicas en 2021

Según la Secretaría de Hacienda, el déficit primario del Sector Público Nacional en 2021 fue “en torno al 3% del PBI” y el déficit financiero fue del 4,5% del PBI. En números, el déficit primario (sin contar los Derechos Especiales de Giro recibidos en el curso del año) fue de 980 mil millones de pesos y el déficit financiero de 1,644 billón de pesos[i].

Detrás de ese resultado hay un aumento de un año al otro del gasto corriente de 6,8 a 9,9 billones de pesos(45,5% de incremento contra una inflación del 51,9%)alimentado por los siguientes rubros:

Las prestaciones de seguridad social, que pasaron de 2,6 a 3,7 billones de pesos;

Las transferencias corrientes que subieron de poco más de 2 billones a 3,563 billones de pesos. De estas, algo más de 2,8 billones fueron al sector privado; 725 millones al sector público, en ambos casos bajo distintas formas de subsidios; 418 millones a las provincias; y 292 millones a las universidades.

Las remuneraciones de personal: que fueron de 913 millones en 2020 subieron a 1,54 billones de pesos en el año que acaba de terminar, muy por encima de la inflación.

Finalmente, el déficit operativo de las empresas públicas creció tres veces más que la inflación: pasó de 142,4 millones de pesos en 2020 a 363,7 millones en 2021.

Por su parte, la inversión real directa (pagos vinculados a la obra pública esencialmente)creció también de manera significativa: de 135mil millones de pesos en 2020 a 374,6 mil millones en el ejercicio recién completado.

Para atender este nivel de erogaciones y evitar que el déficit financiero no fuera superior, fue necesario un aumento de los recursos tributarios (es decir de los impuestos y especialmente del impuesto “a las grandes fortunas” y de las retenciones a la exportación)que pasaron de 2,9 billones de pesos en 2020 a 5,1 billón de pesos en 2021 (75,9% de incremento). El saldo del déficit fue financiado con 787 millones de pesos de “rentas del BCRA” transferidas al Tesoro. El resto, o sea unos 876 millones, suponemos que han sido financiados, en parte, con colocaciones del Tesoro. Informaciones periodísticas basadas en la Secretaría de Hacienda[ii], dan cuenta de que, en el curso de 2021, el Tesoro colocó títulos por 4,2 billones de pesos y canceló obligaciones por 3,46 billones, lo que le habría dejado un saldo de 746.042 millones de pesos que deben de haber sido aplicados al financiamiento de aquel déficit. En definitiva, el aumento del déficit fiscal estuvo por debajo de la inflación, pero para financiarlo fue necesario aumentar considerablemente la presión impositiva.

Esto ha generado varias consecuencias. Por un lado,si bien el M3 (es decir el dinero disponible en manos del público) creció un 44% en el año, medidoa precios constantes (es decir descontada la inflación) cayó un 9,3% interanual (i.a.). Esto habla de un esfuerzo de la autoridad monetaria por disminuir la presión inflacionaria de la gran emisión del año anterior.Paralograrlo, el BCRA retiró circulante de la plaza aumentando sensiblemente la colocación de letras de liquidez (Leliqs) con los bancos. De este modo, a la primera semana de enero de 2022, según el balance del BCRA,el stock de Leliqs emitidos por el banco(el llamado “déficit cuasi-fiscal”)ha llegado a la astronómica suma de 4,854 billones de pesos. Atento que estos títulos son remunerados con una tasa de interés de aproximadamente el 40% anual, el BCRA tendrá que enfrentar en el curso de este año cerca de dos billones de pesos solo para atender el pago de dichos intereses. Una contrapartida positiva de este proceso es que el porcentaje de la liquidez bancaria  en pesos colocado en Leliqs disminuyó i.a. del 26,8 al 22,1% del total.

Otra consecuencia importante -negativa, esta vez- es que el financiamiento del déficit se ha hecho, en buena medida, a costa del crédito al sector privado, que finalizó el año con una contracción, a precios constantes, de 4,1% i.a. Esta es una tendencia que se inició con este gobierno. Al comienzo de su gestión, según el Informe Monetario del BCRA de diciembre 2021, los créditos de las entidades financieras al sector privado equivalían al 66,5% de lo que recibía el sector público; en la actualidad la proporción se ha invertido: mientras el sector privado acumulaba a diciembre de 2021 créditos por 5,2 billones de pesos, los del sector público ya llegaban a casi 7 billones.

Señalemos, finalmente, que la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, ha sido del 51,9% en el año. La recuperación del PBI del orden del 11% en el 2021, hay que verla en ese contexto: un elevado grado de emisión que ha “cebado” la demanda, acompañada por el regreso a la producción de empresas y trabajadores autónomos que estuvieron paralizados en el curso del 2020 e incluso en algunos períodos del 2021. Por ello y visto las cifras disponibles sobre la marcha de la inversión privada, debemos considerar este aumento del PBI más como un “rebote” que como un crecimiento que pueda prolongarse -más allá de los efectos inerciales- en el futuro.

¿Se puede terminar con el déficit fiscal?

Teniendo por delante las cuentas públicas de 2021 y suponiendo que el “ajuste” se hiciera solamente por el lado del gasto, podemos decir, muy groseramente, que para eliminar de un año a otro el déficit primario bastaría con reducir en un 15% las “remuneraciones y otros gastos” del sector público; otro 15% las transferencias a las provincias y a las universidades; un 20% las transferencias al sector privado (en particular los subsidios a la energía) y en un 25% el déficit de las empresas públicas. Así se generaría un ahorro del orden de los 993 mil millones de pesos, un poco más que el actual déficit primario.Esto no es un objetivo inalcanzable, mucho más si se tiene en cuenta que el nivel de gasto del año 2021 fue particularmente elevado por dos causas: el arrastre de los costos de los paliativos adoptados por el Gobierno para atenuar las consecuencias de su política de prolongado cierre de la actividad económica durante el año previo y una serie de medidas tomadas con fines electorales: atraso del ritmo de devaluación respecto de la inflación; paralización de los aumentos tarifarios; incremento de los “subsidios sociales” y otras formas de distribución de fondos a distintos sectores de la población; e incremento de las transferencias a las provincias necesitadas de recursos para las campañas electorales. También fue muy elevado el mencionado aumento de las transferencias a las empresas públicas, en parte se supone como subsidios indirectos de tarifas y en parte por la presión ejercida por sectores del Gobierno que las controlan para disponer de fondos también con fines electorales.

Gran parte de ese gasto no tiene por qué estar presente en el actual ejercicio. Obviamente esto implicará menores ingresos para determinados sectores que no hacen mayor aporte a la generación del producto: burocracia estatal nacional, provincial y municipal y de muchas “agencias” y otros órganos dependientes de aquellas; más los costos de los funcionarios y contratistas de las empresas públicas. Así como el “costo de la política” derivado del enorme gasto de los cuerpos legislativos e incluso de las universidades. En cambio, los aumentos de tarifas, necesarios para disminuir las transferencias al sector privado, generarán aumentos de costos y harán su aporte a la generación de inflación; al mismo tiempo, en más de un caso, permitirán inversiones adicionales y la consecuente mejora del servicio. Esta reducción del gasto público permitirá bajar considerablemente el costo financiero del ejercicio dejar en pie solamente aquel proveniente de deudas previas. De este modo, será posible reducir el elevado nivel de emisión monetaria. Esto, a su vez, evitará que el BCRA tenga que seguir “secando la plaza” para evitar la “corrida” sobre el dólar y le permitiría utilizar sus “ganancias” para cancelar parte de las Leliqs emitidas (por lo menos unos 800 mil millones de pesos en un año) y así poder también bajar la tasa de interés de estas. A su vez, dejaría una mayor disponibilidad de crédito para el sector privado. Sin hacer mención sobre el impacto que una política de este tipo, acompañada de tasas de interés reales positivas, podría tener sobre la confianza en nuestra alicaída moneda y por lo tanto en bajar la presión sobre el proceso de dolarización y fuga de capitales que generan las políticas actuales.

También es cierto que terminar con el déficit primario no es más que una primera etapa de un proceso que debe seguir con la gestación de un superávit fiscal y cambiario (los famosos “gemelos”) que permitan, en una primera etapa, detener el crecimiento de la deuda y, posteriormente, volver a tener acceso al mercado de capitales para poder “estirar” en el tiempo los plazos de vencimiento y bajar el costo financiero. Ese superávit se facilitará con el crecimiento de la economía que seguirá a la estabilidad y a la posibilidad de volver a generar recursos para que crezca la inversión. Y ese será también el camino para lograr una mayor recaudación tributaria sin ejercer mayor presión impositiva.

Si desaparece el déficit fiscal ¿se detiene el crecimiento?

El mayor impacto de la eliminación del déficit fiscal -y de la emisión monetaria que requiere- es la baja de la inflación y de la presión sobre los recursos financieros necesarios para sostener el aumento de la inversión. Al mismo tiempo, disminuirá la presión sobre el dólar y, manteniendo tasas de interés reales positivas, volverá a crecer el ahorro en nuestra moneda. Al terminar con el déficit fiscal se rompe el círculo vicioso: inflación, baja de la inversión, baja de la oferta, caída del producto, caída de los ingresos fiscales, mayor emisión-mayor endeudamiento, pérdida de confianza en la moneda, dolarización y devaluación, más inflación. Creer que se puede sostener la demanda sin aumento de la oferta y no generar inflación, es una ilusión desmentida por setenta años de insistir casi continuadamente en esta política. El resultado es la caída del producto, la pérdida de los ingresos reales, el endeudamiento y la fuga de capitales.

Tampoco hay que pensar que solucionando el problema fiscal tendremos asegurado el camino del crecimiento sostenido. No vamos a presentar aquí un programa de gobierno, pero mucho habrá que hacer en materia de modificación de nuestra legislación impositiva, previsional, laboral, sindical, penal(especialmente en materia de lucha contra la corrupción y de combate sin cuartel contra la droga) y especialmente en reforma y re-universalización de la educación. O en el diseño de un nuevo sistema monetario y cambiario que cierre el camino a la emisión descontrolada y a la pérdida constante del valor de la moneda. O en tomar recaudos para que los sectores más dinámicos y competitivos puedan crecer y generar las exportaciones necesarias para poder contar con un adecuado superávit comercial.

En todo caso, aquello que nos interesa señalar aquí es que si se lograra el equilibrio de las cuentas públicas, no tendría porqué generarse una recesión ni tendría quedetenerse el “rebote” que está viviendo la economía argentina. Corresponde, sin embargo, señalar que en las primeras etapas de un proceso de estabilización no van a faltar factores que impulsen la inflación. Por ejemplo, la eliminación de subsidios a la energía o a otros servicios públicos (agua, transporte) o una política de adecuación de precios del gas y los combustibles en el marco de políticas sectoriales de largo plazo, tendrán un doble impacto: sobre el bolsillo de los usuarios y consumidores y sobre los costos de producción. Lo mismo sucedería, mientras no se reduzca la inflación, con el aumento de las tasas de interés para que sean positivas en términos reales en cuanto aumentarían los costos financieros de cualquier actividad, pero al mismo tiempo reducirían la presión sobre el dólar, lo que tendría efectos positivos desde el punto de vista de la inflación. Diferente será el caso de una aceleración de la tasa de devaluación para que varíe en función de la inflación mientras esta persista: por un lado, contribuiría a aumentar las exportaciones y a facilitar la recuperación de las reservas -que se traduciría también en aumento de la emisión del BCRA para poder adquirir esas divisas- y por otro, tendería a restringir las importaciones. Ambos efectos contribuirán al alza de precio de los productos transables, al menos en el corto plazo.

En definitiva, alcanzar la estabilidad a partir de la reducción del déficit fiscal -primario y financiero- es una condición imprescindible pero no suficiente para salir del estancamiento secular de nuestra economía. Tendrá marcados impactos sobre los precios relativos y sobre los niveles de empleo de determinados sectores y sobre los ingresos de otros. Y no estará exento de presiones inflacionarias, especialmente por los efectos inerciales de una economía tan distorsionada como la nuestra. De allí que, para ser eficaz, el proceso de estabilización -que lo concebimos como una etapa transitoria de un proceso de transformación de más alcance- debe estar enmarcado dentro de un plan global y de largo plazo, que contemple la necesidad de contar con paliativos y estímulos para para generar aumentos de la oferta de bienes y servicios y, especialmente, de oportunidades de empleo.

Es imposible justificar la continuación de las políticas actuales y negarse al presunto “ajuste” que implica terminar con el déficit fiscal, conociendo su impacto sobre la inflación y, en consecuencia, sobre el nivel de pobreza de los sectores más vulnerables de la sociedad. Este punto nos parece fundamental La inflación es el impuesto a los sectores de ingresos fijos y, como tal, es una política altamente reaccionaria y de lo que menos se la puede calificar es de ser “progresista” o “inclusiva”. La única explicación para que se mantengan estas políticases el objetivo del Gobierno y de la coalición que lo sostiene de disponer de los mayores recursos posibles para seguir manteniendo sus políticas basadas en los criterios del “pobrismo”, que le permiten seguir alimentando su red de clientelismo y dependencia política.

[{adj:50124 alignleft}]

(*) Abogado y Doctor en  Economía Juan Carlos Sánchez Arnau

[i] Ministerio de Economía: “Resultado fiscal-Diciembre 2021”

[ii]Santiago Spaltro, “El Cronista”, 30/12/2021