A escasos días de las elecciones provinciales, el juez federal Miguel Ángel Contreras decidió elevar a juicio oral la causa contra Edgar Adhemar Bacchiani y otros once imputados por asociación ilícita, estafa y lavado de activos. La noticia, que podría parecer un avance en la búsqueda de justicia, merece ser leída con atención: no por lo que dice, sino por lo que oculta.

Durante más de un año, la causa Bacchiani fue un desfile de irregularidades, dilaciones y silencios cómplices. Las víctimas —miles de ahorristas estafados— vieron cómo la investigación se empantanaba entre recusaciones, cambios de carátula, y una llamativa pasividad judicial. Mientras tanto, el principal imputado operaba desde la cárcel con privilegios que desnudan la fragilidad del sistema penitenciario y la permeabilidad de ciertos despachos.

Ahora, cuando el calendario electoral marca la cuenta regresiva, la Justicia se pone en movimiento. ¿Casualidad o cálculo? ¿Justicia o show? ¿Reparación o maniobra?

La elevación a juicio llega sin que se hayan esclarecido las conexiones políticas, financieras e institucionales que permitieron que Adhemar Capital floreciera a la vista de todos. Entre ellas, la participación de Andrés “el Tronco” Jalil —hermano del gobernador Raúl Jalil— quien realizó operaciones por más de $23 millones y US$500.000 con Bacchiani. Su vínculo personal con el empresario, incluso como padrino de su hijo, plantea interrogantes que la Justicia aún no responde.

Pero no es el único. Funcionarios provinciales y federales aparecen mencionados en la causa, algunos con familiares que invirtieron en la financiera, otros con sospechas de haber canalizado fondos públicos bajo la promesa de retornos extraordinarios. ¿Quiénes garantizaron institucionalmente el esquema? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes callaron?

El Dr. Alfredo Aydar, abogado querellante, denunció que el requerimiento de elevación a juicio fue “copiado y pegado”, sin fundamentos jurídicos sólidos. Señaló que la Justicia ignoró los informes sobre la ruta del dinero, omitió investigar el crecimiento patrimonial de actores políticos clave, y mantiene impunes a operadores como José Blas, Alexis Sarroca, Pablo Olmi y el contador Aparicio. Incluso advirtió sobre la imagen del juez Contreras almorzando con el gobernador en plena etapa de instrucción, como símbolo de una Justicia subordinada al poder político.

La ciudadanía catamarqueña no necesita fuegos artificiales judiciales en vísperas de las urnas. Necesita verdad, justicia y garantías de que el Estado no será cómplice —por acción u omisión— de nuevas estafas. Necesita saber que la ley no se aplica según el calendario electoral, sino con la firmeza y la independencia que exige una república.

La causa Bacchiani no puede ser una cortina de humo ni un trofeo de campaña. Debe ser un punto de inflexión. Porque cuando la justicia se convierte en espectáculo, la impunidad se disfraza de sentencia.