En Catamarca, como en muchas provincias argentinas, el empleo público debería ser sinónimo de servicio, vocación y transparencia. Sin embargo, cada vez más ciudadanos se preguntan cómo es posible que ciertos funcionarios acumulen patrimonios millonarios en cuestión de meses, sin actividad empresarial conocida ni trayectoria previa que lo justifique.

No hablamos de sueldos altos —que en muchos casos ni siquiera lo son— sino de propiedades, vehículos de alta gama, viajes, sociedades comerciales y estilos de vida que exceden largamente lo que cualquier ingreso estatal podría sostener. ¿Cómo se explica este fenómeno?

La respuesta, aunque incómoda, parece estar en una combinación de impunidad, falta de controles, y una cultura política que tolera el enriquecimiento ilícito como si fuera parte del paisaje. Las declaraciones juradas, cuando existen, son incompletas o poco auditadas. Las contrataciones públicas, muchas veces opacas. Y los organismos de control, debilitados o cooptados.

Mientras tanto, el ciudadano común —el que paga impuestos, el que emprende, el que trabaja en condiciones precarias— observa con indignación cómo algunos funcionarios se transforman en “empresarios exprés”, sin haber fundado una pyme, sin haber invertido en maquinaria, sin haber enfrentado los riesgos que implica producir.

La pregunta no es solo ética, sino estructural: ¿qué modelo de provincia estamos construyendo si el camino más rápido a la riqueza no es el esfuerzo, la innovación o la inversión, sino el acceso a un cargo público?

Catamarca necesita una reforma profunda en materia de transparencia, control patrimonial y rendición de cuentas. No para perseguir, sino para proteger lo más valioso que tiene una democracia: la confianza ciudadana.

Mientras algunos funcionarios públicos en Catamarca acumulan fortunas sin trayectoria empresarial ni riesgo productivo, el empresario que decide construir desde la técnica, la inversión y la autonomía se convierte en blanco de desprestigio. No porque haya hecho algo mal, sino porque representa lo que el sistema no puede controlar: mérito sin prebenda.

En lugar de celebrar al emprendedor que genera empleo, formaliza procesos y apuesta por la institucionalidad, se lo margina. Se lo inspecciona, se lo excluye de licitaciones, se lo desacredita en redes o se lo ignora en los espacios de decisión. ¿Por qué? Porque su sola existencia incomoda. Porque demuestra que se puede crecer sin favores, sin pactos, sin subordinación.

Esta lógica no solo es injusta: es destructiva. Destruye la cultura del esfuerzo, desalienta la inversión privada y perpetúa una economía dependiente del Estado. Una economía donde el cargo vale más que la idea, y donde el vínculo político pesa más que la capacidad técnica.

Catamarca necesita empresarios libres, funcionarios honestos y ciudadanos activos. Y sobre todo, necesita dejar de castigar al que no se arrodilla.