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Policiales

Piden juicio oral por el tráfico de más de 87 kilos de cocaína en un avión de KLM

En el pedido de elevación a juicio, el fiscal en lo Penal Económico 2 Emilio Guerberoff, consideró clave para desbaratar la maniobra la declaración de un testigo de identidad reservada que aportó los nombres de los sospechosos que, luego, pudieron ser rastreados por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y que fueron observados en el momento que cargaban la droga.

Se trata de un pedido de elevación a juicio parcial, ya que el fiscal le pidió al juez en lo Penal Económico 9, Javier López Biscayart, que sean sometido a debate los imputados que se encuentran con prisión preventiva: se trata de los empleados aeronáuticos Adrián Álvarez (33) y Víctor Hugo Gil (47) y el ex secretario gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) Jorge Luis Álvarez (55).

Adrián Álvarez y Gil están acusados de ser coautores del delito de "contrabando de exportación de sustancia estupefaciente, agravado por el destino inequívoco de comercialización", mientras que Jorge Álvarez fue considerado "partícipe necesario" del mismo delito.

En tanto, pidió que se forme una "actuación complementaria" en relación a los otros seis imputados en la causa, entre ellos los tres pilotos de la aeronave, quienes se encuentran con falta de méritos y en libertad.

El hecho que se les imputa ocurrió cerca de las 15, en plena tormenta eléctrica del 14 de enero pasado, cuando personal de la Sección Unidad de Apoyo Operativo Metropolitano de la Dirección General de Aduana, con la ayuda de un perro adiestrado para la detección de drogas, realizó un operativo de rutina sobre la pista del Aeropuerto de Ezeiza.

Los investigadores supervisaron un avión de la empresa KLM Cargo, operado por MartinAir, que tenía como destino final la ciudad de Amsterdam, en Holanda, con una escala previa en Quito (Ecuador).

Según el pedido de elevación a juicio, durante los controles, el personal de Aduana halló 87,55 kilos de cocaína de máxima pureza que habían sido acondicionadas dentro de la bodega del avión en tres cajas de cartón: dos cajas de aproximadamente 20 kilos cada una que estaban rotuladas con la inscripción de aceite para turbinas, y una caja de más de 40 kilos.

Pero la clave para identificar a los autores llegó momentos más tarde, cuando un hombre -cuya identidad se encuentra reservada- "se aproximó al personal de Aduana y le manifestó espontáneamente que durante la vigencia de la alerta meteorológica que regía para todo el aeropuerto, puntualmente a las 11, había visto a dos personas subir al avión con tres cajas".

"Esta persona, no dudó y señaló a Adrián Álvarez y a Víctor Hugo Gil como las personas que había visto subir las cajas donde se incautó la sustancia estupefaciente", señaló el fiscal en la elevación a juicio.

Con este dato, los investigadores lograron obtener los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la estación aérea, donde se observó que a las 11.08 los dos sospechosos cargaban las tres cajas en el avión durante la vigencia de la alerta meteorológica.

Para el fiscal, además, la maniobra no pudo haberse realizado sin la participación de Jorge Álvarez, ex gremialista y tío de Adrián Álvarez, quien aportó el galpón donde permaneció oculta la cocaína "dos o tres días" antes de ser cargada en el avión de MartinAir.

"Se trata del módulo de mantenimiento de la empresa Andes Líneas Aéreas, para la cual trabaja Jorge Álvarez", dice el escrito, en el que se aclara que ese espacio "se encuentra ubicado en un lugar restringido y próximo a la pista de aterrizaje del aeropuerto, circunstancia que habría permitido el fácil acceso y traslado de un lugar a otro, es decir, del módulo al avión".

Para el fiscal, Jorge Álvarez, además, le facilitó a su sobrino "la clave de acceso al módulo de Andes para que pudiera acceder al depósito cuando fuera propicio, lo que ocurrió el 14 de enero pasado".

Durante la investigación, el juez Biscayart también había procesado a la empresa MartinAir Holland, propietaria del avión, a través de su representante legal Daniel Velázquez, pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó ese procesamiento y le dictó la falta de méritos.

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