El conflicto entre Natalia Saseta y Juan Pablo Narváez no es un hecho aislado, sino un reflejo de una cultura política donde el poder se ejerce sin límites, sin transparencia y sin consecuencias. Este caso permite visibilizar cómo se reproduce el abuso institucional en espacios que deberían garantizar derechos y respeto.

1. Violencia simbólica y laboral como práctica política

• El episodio en el ascensor revela una dinámica de intimidación que excede lo personal: es el uso del cargo para silenciar la crítica.

• ¿Qué garantías tiene un empleado legislativo frente a una diputada que lo amenaza por sus opiniones?

2. La opacidad del poder legislativo

• ¿Qué protocolos existen para denunciar a una diputada? ¿Quién investiga? ¿Qué sanciones se aplican?

• La falta de mecanismos internos eficaces convierte al poder legislativo en un espacio de impunidad.

3. Reincidencia y patrón de conducta

• Saseta ya había sido denunciada por presionar a empleados para que le entregaran parte de su sueldo. Aunque ella se defendió, el patrón de abuso se repite.

• ¿Cuántos casos similares quedan silenciados por miedo o falta de canales institucionales?

4. La necesidad de una reforma institucional

• Este caso muestra por qué Catamarca necesita un sistema de control interno independiente, con auditorías, protocolos de denuncia y protección a denunciantes.

• Propuesta: crear una Oficina de Ética Legislativa con participación ciudadana y facultades reales.

“No se trata solo de Saseta. Se trata de un sistema que permite que el poder se ejerza como si fuera propiedad privada. Y mientras eso no cambie, el ascensor seguirá siendo el símbolo perfecto de cómo se sube y se baja en la política catamarqueña: sin testigos, sin controles, y sin justicia.”