El pasado Miércoles 30 de Octubre la Fiscal interina de Belén, Verónica Saldaño, ordenó que Fuerzas Policiales avanzaran sobre un predio de propiedad de una familia del lugar, deteniendo a sus moradores luego de una refriega violenta donde hubo hombres y mujeres lesionadas que terminaron detenidos.

A esto se suman las fallidas reuniones llevadas a cabo por el actual Secretario de Minería, Rodolfo Micone con la comunidad del Altiplano, quien le prometió a la Gobernadora terminar con el conflicto pacíficamente y no cumplió, transformando la situación en un verdadero escándalo internacional que hizo que hasta el ex premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel se pronunciara a favor de los ciudadanos Antofagasteños.

Esta situación condiciona las políticas del futuro Gobernador Raúl Jalil, quien propuso una minería sustentable, con licencia social y alejada de esos “personajes” bien identificados en el ambiente minero como los promotores de los manejos deshonrosos de los recursos públicos, dueños de una asombrosa impunidad.

En horas de la mañana en el día de la fecha, El Pucará accedió a una nota que presentó el Diputado Provincial, Hugo Ávila, dirigida al Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, solicitando el tratamiento urgente de un proyecto de ley de su autoría por el cual pide se declare “Área Natural Protegida” todo el territorio compuesto por la cuenca hidrográfica de los ríos Los Patos y Aguas Calientes en el Departamento Antofagasta de la Sierra, y además pidió se prohíba toda actividad extractiva y productiva en esa zona, excepto las actividades artesanales y tradicionales que actualmente desarrollan los pobladores para su subsistencia.

En dicho Proyecto Ávila también requiere se  prohíba el entubamiento, la canalización, desviación, depredación y/o utilización del agua de los ríos Los Patos y Aguas Calientes, desde su nacimiento hasta su desembocadura en toda su extensión, como así también cualquier actividad sobre los mismos que ponga en peligro la subsistencia de los moradores y el ecosistema de la zona del “Área Natural protegida”, quedando –expresamente- prohibida la modificación y/o alteración del curso natural de los ríos mencionados en toda su extensión, como así también, la contaminación de sus aguas.

El mencionado Legislador fundamenta su pedido en los últimos acontecimientos sucedidos en el Departamento Antofagasta de las Sierras, donde menciona: “Fuerzas de Seguridad avanzaron sobre la propiedad de sus moradores dejando un saldo de personas lesionadas y heridas, quienes fueron agredidas físicamente por personal Policial, entre ellos mujeres que luego fueron detenidas e imputadas del absurdo delito de usurpación de sus propias tierras”.

La situación está en su punto más álgido. Los Antofagasteños se oponen a la desviación y canalización del curso natural del Río Los Patos que pretende realizar la empresa Minera Livent con la complicidad del Gobierno Provincial para abaratar los costos del proceso de la extracción de litio.

El pueblo de Antofagasta y las distintas organizaciones ambientales presagian que las consecuencias de esta decisión “político – empresarial” será un desastre y Raúl Jalil no quiere quedar expuesto y aunque no se expresó hasta el momento, su entorno más íntimo descuenta que en su Gabinete no estarán los actuales actores de las áreas involucradas en el conflicto y que hoy manejan el Secretario de Minería, Rodolfo Micone, el Secretario del Ambiente, Juan Rosales y el Fiscal de Estado, Carlos Bertorello, a quienes Jalil no les tiene ninguna confianza.

El actual Intendente de la capital asume el próximo 10 de Diciembre como el Gobernador con mayor legitimidad en la historia de Catamarca, lo cual le permite afrontar un liderazgo diferenciado de la Gobernadora y su círculo íntimo, especialmente el que maneja su esposo, pero para ello deberá demostrarle a la sociedad catamarqueña que en su gestión se puede recuperar la –perdida- licencia social que permitirá explotar la minería, ante el reclamo de una comunidad que lo votó y espera cumpla con la protección de sus derechos.