Este modelo tiene sus propias reglas:

• Las licitaciones se diseñan para que siempre ganen los mismos.

• Las empresas rotan contratos como si fueran cuotas de poder.

• Los organismos de control certifican sin auditar.

• La información pública se oculta detrás de trámites, tecnicismos o directamente se niega.

No se trata de escándalos puntuales, sino de una lógica que se repite en obras públicas, minería, viviendas sociales y servicios esenciales. Una lógica donde el presupuesto se convierte en botín, y la transparencia en una promesa vacía.

Lo más grave no es lo que se roba. Es lo que se impide: hospitales que no se construyen, rutas que se rompen, escuelas que no se terminan, jóvenes que no encuentran futuro. La corrupción estructural no solo afecta las cuentas del Estado. Afecta la vida cotidiana de miles de catamarqueños.

Frente a esto, no alcanza con cambiar nombres. Hay que cambiar reglas. Hay que desmontar el sistema que hace posible la opacidad. Y eso empieza por exigir:

• Transparencia real en contrataciones públicas.

• Auditorías independientes con participación ciudadana.

• Publicación obligatoria de pliegos, contratos y certificaciones.

• Reformas institucionales que devuelvan poder al ciudadano.

La corrupción no se combate con indignación sola. Se combate con estrategia, con datos, con comunidad. Y sobre todo, con la convicción de que otro modelo es posible: uno donde el Estado no sea botín, sino herramienta; donde la política no sea negocio, sino servicio; donde la ciudadanía no sea espectadora, sino protagonista.

Porque la corrupción en Catamarca no es obra de una persona. Pero el cambio sí puede ser obra de muchas voluntades que tengan ganas de cambiar de verdad.