De ese modo, el gobierno nacional, elimina de raíz el uso distorsionado de la lengua española que vulgarmente se lo denomina "idioma inclusivo". Por esa razón, desde el Ministerio de Defensa y desde el propio seno de la Fuerzas Armadas, como así también los organismos descentralizados, a través de sus Direcciones de Personal o de las dependencias que consideren pertinentes, adoptarán las medidas de difusión y capacitación sobre el contenido de la resolución dictada.

Para que no queden dudas acerca del alcance del acto administrativo, la normativa dispone lisa y llanamente la prohibición de la utilización del llamado “lenguaje inclusivo” en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, las FUERZAS ARMADAS y los organismos descentralizados del MINISTERIO DE DEFENSA.

Entre los principales considerandos de la medida dispuesta, para sostener la decisión ministerial, se apeló a la obligatoriedad del uso de las reglamentaciones y manuales de las Fuerzas Armadas, vigentes, tales como el Diccionario para la Acción Militar Conjunta, el Glosario de definiciones y abreviaturas para comunicaciones del Comité Superior de Normalización del Ministerio de Defensa, los reglamentos que norman las comunicaciones en las Fuerzas Armadas, el Reglamento de Terminología Castrense de Uso en el Ejército Argentino, el Diccionario de terminología militar para la Armada, el Reglamento para la Escritura y Correspondencia de la Fuerza Aérea, el Diccionario de la Fuerza Aérea y los reglamentos que fijan los procedimientos para las comunicaciones, entre otros, como instrumentos normativos para el uso del lenguaje.

En otro orden de consideraciones, se indicó que la depuración idiomática de las Fuerzas de Seguridad impone que el ámbito de las comunicaciones de la Defensa Nacional deben ser breves, claras y concisas de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes y como es sabido el idioma inclusivo trastoca las leyes gramaticales del idioma suprimiendo por completo la economía del lenguaje, que ignora las reglas de la RAE por razones ideológicas. Además, la precisión y rigurosidad que debe tener cada vocablo utilizado en las operaciones militares exige que se aplique estrictamente lo señalado por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos militares para la escritura y las comunicaciones en el ámbito de la Defensa. En ese sentido, la resolución arguye que una incorrecta interpretación de lo expresado podría estar afectando el desarrollo de las operaciones y generar confusión. Que, por lo tanto, se impone el uso correcto del idioma castellano, que es el que se ha utilizado para el encuadre y la guía de todos los reglamentos, manuales y documentos de escritura y simbología tanto del ejército, como aeronáuticos y navales.