Ante la falta de cumplimiento a lo que exige y norma la Ley de Acceso a la Información Pública, el Dr. Rubén Manzi reclamó a la Fiscalía de Estado de la provincia que intervenga ante los ministerios de Minería y de Infraestructura y Obras Civiles, como ante el gobernador Raúl Jalil. Es que, durante el 2022, el legislador presentó media docena de pedidos de informes por diversos temas, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta que, según la ley señalada, debería haberse concretado en un lapso de 30 días.

En el escrito, Manzi detalla que la información solicitada al ministerio de Minería, a cargo de Marcelo Murúa, fue con relación a los a los pedidos de concesión de yacimientos mineros en la provincia. Ese pedido ingresó el 7 de noviembre del año pasado sin haber obtenido respuesta. Al respecto, cabe recordar que el pasado 15 de febrero durante una reunión de la Comisión de Minería de la que participó el ministro Murúa, Manzi reclamó por esa información, a lo que el ministro le contestó que no tenía conocimiento del pedido realizado, y hasta se comprometió a gestionar una respuesta que, a casi un mes de esa reunión, nunca se concretó.

Además, junto con los presidentes de los partidos UCR y Pro, Francisco Monti y Carlos Molina respectivamente, reclama por el pedido de información sobre la explotación del recurso natural del litio en la provincia que le hicieran al gobernador Jalil el último 30 de agosto, del cual nunca tuvo respuesta.

Y finalmente, en el caso del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, le fueron cursadas cuatro notas para que brindara información sobre obras de infraestructura escolar a licitar y sobre la situación de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 1 en los Tramos Singuil - Las Chacritas y Las Chacritas - Aconquija.

“Todas son cuestiones referidas a la gestión del gobierno y que resultan de vital interés para el desarrollo de nuestra comunidad”, consideró Manzi, al tiempo que advirtió “si en mi carácter de diputado de la nación no he obtenido respuesta alguna, qué les queda esperar a los ciudadanos comunes que reclaman información del Estado”. “Todo ello me lleva a concluir que existe una clara obstaculización de mi derecho al acceso a la información pública y falta total de transparencia en la gestión de gobierno, cuyo accionar atenta directamente contra los principios más importantes de la democracia”, agregó.