El profesional opinó que quizás ahora hubo un cambio de enfoque y se resolvió enviar directamente el proyecto a la Legislatura para agilizar los tiempos y apurar la sanción de la Ley. “En 2014 se abrió la propuesta a toda la comunidad para que se presenten documentos con distintas propuestas y así es que consideramos necesaria la Reforma de la Constitución”, dijo el contador Kon al solicitar ahora, en nombre del Consejo Profesional, “participación para definir qué artículos se modificarán”.

Precisamente, el viernes la entidad que nuclea a contadores públicos y licenciados en Economía y Administración, entre otras carreras afines,  presentó una nota ante la impulsora del Proyecto, la Presidente de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero haciendo referencia al documento elaborado en 2014. “Seis años pasaron y  es mucho tiempo.

Por supuesto que algunas razones de entonces eran distintas a las de ahora y por eso es que estamos pidiendo participar también esta vez”, insistió Kon, a la par que comentó que ya se ha difundido entre los matriculados del CPCE el texto del proyecto autoría de la diputada Guerrero y se reenvió aquella propuesta de 2014 para informarlos y también conocer la opinión de sus pares. “Nuestro Consejo (Profesional de Ciencias Económicas) podría hacer muchísimos aportes respecto a ese tema y estamos a la espera de ser convocados”.

Respecto al nuevo proyecto, consideró que “como en toda iniciativa hay intereses implícitos como explícitos. Quizás al decir que el periodo de desempeño de los jueces será de hasta cinco años, se está dando un mensaje que puede ser mal entendido”. En ese sentido, el titular del CPCE  entiende que “hay que lograr un equilibrio tal, para que no haya ni privilegio, ni inmunidad o impunidad o estabilidad absoluta en el cargo, sin interesar nada más que una buena conducta para seguir trabajando. Son privilegios que molestan a la sociedad”, sentenció.

Despropósito

En otro orden, el directivo dijo que si bien la iniciativa de la legisladora oficialista contempla “la urgente necesidad de adaptarnos como comunidad organizada, con celeridad, responsabilidad e ingenio a los nuevos desafíos de una época en la cual la inmediatez de las comunicaciones, y el acceso universal al conocimiento, provocan una proliferación de interrelaciones entre los ciudadanos y también de éstos hacia el Estado”, hay un despropósito en algunas áreas de competencia profesional de los economistas, como es el Tribunal de Cuentas.

Y ejemplificó: “en 2014 el proyecto preveía pasar de un Tribunal de Cuentas hacia una Auditoría General. El primero es el que controla y juzga la responsabilidad de los funcionarios que manejan fondos públicos, pero la auditoría general no tiene esa función jurisdiccional y eso es lo que se observó en nuestra propuesta de entonces.

Actualmente, el texto hace referencia a la necesidad de celeridad en el control y eso no se daría en el actual esquema”. Y agregó: “la Provincia está propiciando un sistema de expediente electrónico pero cuando un funcionario intenta rendir cuentas en el Tribunal, desde allí por ejemplo solicitan imprimir ese expediente electrónico. Entonces es un despropósito, porque la Ley y la Constitución aún no permiten el control de manera digital y eso ocasiona que se transforme en un sistema que terminará funcionando a la velocidad del componente más lento. Entonces, hay que cambiar la ley del Tribunal, la Constitución y algunas acordadas que permitan rendir en forma electrónica los fondos”.