El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA advierte sobre la gravedad institucional del allanamiento dispuesto este domingo por la Justicia riojana al domicilio de la comunicadora Manuela Calvo, y reclama a las autoridades la inmediata devolución de las herramientas de trabajo secuestradas a la colega. 

La medida fue dispuesta por la jueza María Eugenia Torres, del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, por supuesta “desobediencia a la autoridad”. Calvo, militante del colectivo feminista, afronta desde hace ya un par de meses medidas de restricción que le impiden pronunciarse sobre el caso conocido como “Arco Iris”, en el que se investiga el presunto abuso sexual de una niña de seis años. Tras el dictado de esa medida, la comunicadora borró tuits que había escrito al respecto y frenó la presentación de un documental sobre el caso. 

En el sorpresivo allanamiento, la Policía le secuestró su computadora personal y su teléfono celular. FOPEA advierte que la medida judicial implica un avance claro sobre la libertad de expresión y que peligran garantías constitucionales como el secreto de las fuentes de información periodísticas. Esta protección está contenida incluso en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales Argentina adhiere, puesto que se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes. La tutela alcanza no sólo a la reserva de las fuentes de un periodista, sino también a sus apuntes, archivos personales y profesionales, según la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.