El Dr. José Caceres expresó que la ley de regularización de aportes jubilatorios fue aprobada hace años y que hablar de privilegios no tiene sentido, es un error de la oposición y añadió que Catamarca es la última provincia que se adhiere a esta ley y que en vez de otorgar un crédito blando logró que la ANSES dé una moratoria, que en realidad se la da a todo el mundo.

Manifestó que esta ley no innova en nada el sistema jubilatorio y que no obliga a jubilarse a los que hayan cumplido con la edad, es más, en su caso y en el de la doctora Sesto de Leiva los beneficia enormemente porque en su artículo 16 dice que los magistrados ya jubilados perderán el beneficio si no prestan servicios cuando sean llamados y las circunstancias así lo requieran, por eso dice que lo beneficia personalmente ya que es la causa del pedido de juicio político en su contra.

En el mismo programa, también fue entrevistada Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, quién también se refirió al controvertido proyecto, aunque lo hizo de un modo distinto al ministro de la Corte.

Acerca del proyecto enviado por el Ejecutivo sobre un convenio entre la Provincia y la AFIP para la regularización de deuda del régimen especial a los funcionarios del Poder Judicial local, expresó que se enteró por los diarios y que es una iniciativa que busca que paguen en cuotas la deuda por aportes y agregó que no es nada nuevo, por eso le sorprende tanto debate, ya que en noviembre de 2015 la Gobernadora con el titular del ANSES firmaron un acta complementaria para que puedan acogerse a los beneficios jubilatorios.

Indicó que todavía no ha leído al proyecto que se trató ayer, de todos modos estaban esperándolo porque se necesitaba garantizar el pago en cuotas y apuntó que no se trata de un privilegio porque la independencia del Poder Judicial hace a la garantía de los derechos de los ciudadanos y que son conscientes de que la ciudadanía espera siempre una mejor respuesta de los magistrados.

Manifestó que no cree que el proyecto esté direccionado a los casos de los jueces José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva porque no son los únicos que han superado los sesenta años de edad. Remarcó que hay que devolverle a la ciudadanía la confianza en la Justicia.

Sobre la ley, El Pucará consultó con el titular de la Anses UDAI Catamarca, Ing. Fernando Capdevila, quien manifestó "En 2015 el Presidente Macri firmó un decreto autorizando la jubilación de los magistrados de la provincia reconociendo el 82 % móvil, algo que no se hacia antes. Para completar ese porcentual los magistrados debían hacer un aporte adicional de los últimos años en un 2 %. Eso les generaba una deuda que en ese entonces les daba $ 250.000, $ 300.000 y hasta $ 600.000.-  dependiendo cada caso."

Y agregó, "eso les daba una obligación de integrar los aportes jubilatorios adicionales y cada magistrado tenía que cumplir esa obligación para alcanzar la movilidad reconocida."

Sin embargo, la provincia presenta un proyecto de ley para integrar los aportes adicionales y así intentar la jubilación y vacancia de los miembros. Algo que no puede obligar a ningún magistrado no a jubilarse porque ya están jubilados, ni integrarse sino porque la inamovilidad de los jueces es un derecho adquirido.