El Gobierno tiene en carpeta una reforma previsional que va más allá de la liquidación del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSeS, los aumentos por decreto y la facultad del Congreso para cambiar la fórmula de movilidad.

Tras el corte de las jubilaciones por moratoria y la anulación del reintegro del IVA a los jubilados de menores haberes, hacia delante están en la mira los regímenes de insalubridad o de envejecimiento prematuro (caso mineros o estibadores, se jubilan antes de los 65 años, según los casos) y los regímenes especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, (se jubilan con el 82% del sueldo del cargo, con un aporte del 13%, en lugar del 11%) Servicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

Todos esos regímenes fueron objetados por el FMI. En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo, a través la Resolución 194/2018 resolvió crear una “Comisión Técnica Permanente” con el objetivo de “revisar” los regímenes de jubilación especiales o diferenciales y " evaluar situaciones hasta el momento no contempladas". También Alberto Fernández, apenas asumió, volvió a la carga incorporando en la ley de Emergencia y Solidaridad la creación de una Comisión que proponga " las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales".

También las FF.AA. y de Seguridad tienen regímenes propios que el Gobierno quiere reformar y hay 13 Cajas provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS que se busca consensuar con los gobernadores para se integren al régimen general.

Los regímenes de docentes, de seguridad de las provincias y Luz y Fuerza abarcan al 90% del total de los beneficiarios de los regímenes especiales.

Los ya jubilados o pensionados por esos regímenes mantendrían los “derechos adquiridos”.

En estos casos, la propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción de haberes para las nuevas jubilaciones.

También figura revisar las pensiones, en especial las por discapacidad. Y modificar las pensiones por fallecimiento del titular (por viudez), excluyendo a los cónyuges que están jubiladas o jubilados o sólo a los o las convivientes. La exclusión de la pensión por viudez ya rige para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor ) vigente desde 2018.

También figura elevar la edad jubilatoria, especial de las mujeres que pueden jubilarse a los 60 años, a diferencia de los 65 años requeridos para los varones. Y establecer un régimen voluntario de ahorro previsional, administrado por entidades similares a las ex AFJP.

En tanto, en relación a la movilidad, según el proyecto nuevo que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, se aplicará la fórmula actual de movilidad previsional hasta abril y luego actualizará habares por la inflación calculada por el INDEC.

“El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, se lee en la modificación.

La movilidad por inflación no toma en cuenta el eventual crecimiento de los salarios y de la economía. Según el especialista Guillermo Jáuregui, en los últimos 2 años, en promedio los haberes jubilatorios perdieron 60 puntos frente a la inflación, el doble de la pérdida que sufrieron los salarios.

Tanto las fórmulas aprobadas durante el Gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández deprimieron los haberes y demás prestaciones sociales porque en un contexto de inflación creciente ajustaban las jubilaciones y pensiones por variables con un retraso de 6 meses (Macri) o 3 meses (Fernández, fórmula aún vigente). Pero en un contexto de inflación decreciente, como el que espera el Gobierno, el resultado cambia porque llevaría a actualizar los haberes por encima de la inflación, recuperando parte de las pérdidas anteriores. Según los especialistas, esto es lo que el Gobierno –y también el FMI— quieren evitar.

Ismael Bermúdez