INFORME ESPECIAL

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que en el acumulado de doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible), de las 33 empresas relevadas por el Ministerio de Economía, 25 registran un déficit operativo. Es decir, el 75% no llega a compensar con sus ingresos lo que pierden por operar.

El déficit operativo sumado de las 33 empresas del sector público nacional no financiero fue de $1.303.545 millones en los doce meses hasta septiembre de 2023 (último dato disponible), equivalente a unos US$2.897 millones al tipo de cambio financiero.

A propósito del pronunciamiento de los Gobernadores de las provincias patagónicas en favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) el informe destaca que la empresa cubre con ingresos de operación apenas el 8% de sus gastos operativos. Con esto, YCRT se posiciona como la sexta empresa pública con peor relación entre ingresos y gastos de operación.

Los mayores déficits operativos los registran Energía Argentina (ENARSA), Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) y Aerolíneas Argentinas; estas tres empresas explican el 81,6% del déficit operativo total. Entre el grupo minoritario de las superavitarias destaca Nucleoeléctrica Argentina SA, con un resultado positivo acumulado de $69.182 millones (ver detalle en Anexo I).

¿QUÉ EMPRESAS SON LAS MÁS DEFICITARIAS?

Resultado operativo en millones de pesos. Acumulado IV Trim. 2022 – III Trim. 2023.

El tamaño del círculo indica el monto del resultado operativo; rojo indica déficit y verde superávit.

El costo de oportunidad del déficit de las empresas públicas

Mantener un ecosistema de empresas públicas deficitarias tiene importantes costos en términos fiscales y demora la potencial reducción o eliminación de impuestos distorsivos, algo necesario para empezar un proceso de reactivación económica. El rojo de las empresas deficitarias es equivalente a 0,95% del PBI o 3,8% de la recaudación tributaria nacional. Para dar dimensión, es equivalente a todo lo recaudado en el mismo período por derechos de exportación, el 166% de lo ingresado por Bienes Personales o el 54% de lo recaudado por Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

Sumado, el déficit operativo de estas empresas es 2,2 veces lo que se destinó en recursos al Ministerio de Salud en 2023 o el 55% lo destinado al Ministerio de Educación. A su vez, tomando el promedio del costo de la canasta básica alimentaria de los doce meses comprendidos hasta septiembre de 2023, encontramos que con el déficit de las empresas públicas se podrían haber comprado el equivalente a 3,5 millones de Canastas Básicas Alimentarias durante un año.

La visión de la Fundación Libertad y Progreso

La Fundación Libertad y Progreso opina que la operación de las empresas públicas tiene costos que están directamente vinculados a sus pérdidas operativas, que terminan siendo cubiertas por transferencias del Estado Nacional o, lo que es lo mismo, por los contribuyentes argentinos. Esto independientemente de lo que los ciudadanos reciban a cambio de su aporte o de la verdadera utilidad social de la empresa.

Por este motivo, desde Libertad y Progreso impulsamos que se avance en la privatización de las empresas públicas y desregulación de los sectores económicos donde operan para asegurar la proliferación de la competencia y la inversión.

Consideramos que la provisión de bienes y servicios en los mercados puede ser llevada delante de manera eficiente por empresas privadas, contribuyendo a ahorrar costos para un Estado nacional que lucha por salir de su quebranto.

Emilio Apud, Consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso, señala que “El mundo reducirá aceleradamente durante la transición energética hacia el “net Zero” el uso de carbón en su matriz energética por ser el hidrocarburo de mayor emisión de CO2, que en una primera etapa será reemplazado por gas natural, el más limpio de los hidrocarburos. Argentina tiene el segundo recurso de shale gas del planeta y se está posicionando para ser un exportador de gas natural licuado, favoreciendo los objetivos de la transición. No tiene sentido producir carbón, menos aún con el de la mina de Río Turbio”.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señala que “varias empresas públicas son casos testigo del elevado costo social de las buenas intenciones. Que un servicio sea considerado básico no implica que deba ser suplido por el Estado. Hay que preguntarse si los argentinos van a estar mejor bajo una oferta regulada y provista por el sector público o si en cambio conviene dejar el espacio al privado. Además, que el Estado destine recursos a financiar la operación de empresas tiene costos, porque son recursos que podrían estar destinándose a otros fines. En un país con 45% de pobreza general y 50% de pobreza infantil, es difícil justificar que el Estado argentino siga financiando el mal manejo de empresas estatales”, concluyó.

Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que "Más allá de la discusión ideológica sobre si ciertos bienes o servicios deberían ser provistos por el Estado o el sector privado, hay que entender que las ineficiencias en la gestión estatal terminan siendo financiadas por toda la población argentina. Es indignante observar el derroche de recursos en este contexto, teniendo en cuenta que el 60% de los niños menores de 14 años vive en condiciones de pobreza. Ante la resistencia de las privatizaciones, resulta evidente que la política argentina permite que el Estado Nacional subsidie a empresas ineficientes, cuando esos fondos podrían ahorrarse e implicar menor financiamiento para todos los argentinos o reasignarse a programas de asistencia social".

Valentín Gutiérrez, analista de la Fundación Libertad y Progreso, agrega que " mientras que las empresas privadas operan bajo la competencia del mercado, viéndose obligadas a cuidar todos sus recursos y a ser lo más eficientes posible, las empresas públicas por su naturaleza no enfrentan la misma rigurosidad. Este genera mala asignación de recursos con costos ambientales, de personal y de capital que son pagados por todos los contribuyentes. Recursos que podrían ser mejor aprovechados en otra parte, resultando también en mejores bienes y servicios para los consumidores”.