Los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción reunidos en Pilar plantearon los serios problemas que afectan a las empresas asociadas que ejecutan obras públicas y decidieron emitir una declaración para advertir a autoridades y comunidad la gravedad de la situación y sus inminentes y previsibles efectos. Estos ya se están sintiendo.
En la misma declararon que, de no actuarse inmediatamente, las actuales circunstancias podrían llevar a graves efectos sobre el empleo en el sector, con peligro en la continuidad de las empresas. Reconocieron que, luego de un periodo de alta actividad y empleo en el sector, financiado en gran proporción con el patrimonio de las empresas, en los últimos meses se ha pasado, de un desequilibrio financiero, a una grave afectación económica, de alto impacto, que consumirá los patrimonios de las empresas.
"El agravamiento de los guarismos de inflación de los costos; el cambio de las condiciones de comercialización de los insumos más importantes; las dificultades de abastecimiento; la imposibilidad de toma de créditos para restituir capital de trabajo, ante tasas exorbitantes; Sistemas de ajuste de precios contractuales pactados hace semestres que son totalmente irrepresentativos de la realidad, llevarían a una paralización del sector por imposibilidad de acción, con sus evidentes efectos sobre el empleo y la actividad regional", informaron en un comunicado.
Para evitar esa grave crisis de empleo y actividad, solicitaron:
- Pago urgente e íntegro de los trabajos ejecutados, los intereses por mora y sus redeterminaciones de precios, que adecuan los valores contractuales desactualizados a los costos actuales. Ello en todos los contratos, incluso los realizados por Convenios entre Jurisdicciones, obras en general realizadas por empresas PyMEs de todo el país.
- Aprobación y certificación rápida de las citadas redeterminaciones de precios, parte sustancial de la remuneración ante la enorme inflación acumulada.
- Posibilidad por el contratista de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta, pues los inconvenientes señalados no son imputables al contratista.
- Finalmente requirieron la adopción de medidas para reconducir los Contratos en ejecución, en cuanto a precios y plazos, de tal manera de posibilitar su continuidad, en las actuales circunstancias.
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