El Gobierno envió a las provincias solo $200 millones en transferencias no automáticas, cifra que representó una caída del 99,5% en términos reales para todas las jurisdicciones.

Trece de ellas no recibieron ni un solo peso y las más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Córdoba, vinculadas con el peronismo.

Pero la decisión de la Casa Rosada afectó también a provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.

Las transferencias no automáticas o discrecionales son giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos.

Un informe del Instituto Ieral de la Fundación Mediterránea consideró que la escasez de recursos provenientes de la administración central obligaría a las provincias a subir tarifas o solventar subsidios con recursos propios.

La entidad calculó que el ahorro que le generaría al Gobierno nacional esta decisión sería equivalente al 1,1% del PBI, unos $2 billones.

En enero, los gobernadores habían perdido $280.000 millones en transferencias automáticas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y la suba del piso mínimo de Ganancias.

"Apenas iniciado el gobierno de Javier Milei, se anunció un recorte de 0,5% del PBI en materia de Transferencias Corrientes a provincias, que representa una poda de aproximadamente el 70% respecto a 2023, y se infiere otro recorte de al menos esa proporción para las Transferencias de Capital a provincias, dado que también bajaría drásticamente el gasto de capital nacional este año", advirtió el Ieral.

La mayor parte de los fondos que van a las provincias y administra el Tesoro Nacional por fuera de la coparticipación se

vinculan con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a cajas previsionales provinciales.