“Si no hay acuerdo entre la Nación y CABA, habría un fallo favorable a la Ciudad, pero reducirían parte de lo que Macri le dio demás a Rodríguez Larreta en 2016”, dijo a A24.com un allegado a un influyente ministro de la Corte Suprema. No están claros los detalles ni los tiempos de la Corte.

En la audiencia del 10 de marzo último entre ambas partes y los ministros de la Corte, el máximo tribunal dio un plazo hasta el 26 de abril para llegar a un acuerdo. En caso de no lograrse, la Corte avisó que emitiría una resolución cautelar que podría convalidar o suspender el recorte de Nación a la Ciudad, total o parcialmente. El efecto sería transitorio, mientras se sigue sustanciando el juicio sobre el fondo de la cuestión.

Alberto Fernández redobló su ofensiva contra la Corte

El Gobierno y la Ciudad, desde entonces, se reunieron dos veces para negociar, pero el miércoles el gobierno de Alberto Fernández introdujo en el conflicto a los 19 gobernadores del PJ, que este jueves dieron a conocer una carta con duras advertencias a la Corte para que no favoreciera a la Ciudad con una cautelar.

“Si hay un fallo cautelar, es posible que la Corte le restituya temporariamente parte de la coparticipación que reclaman Rodríguez Larreta y la Ciudad y suspendería en parte el decreto 735/2020 por el cual se redujo la coparticipación de 3,5% del PBI a 1,4% para el distrito porteño”, señalaron a A24.com fuentes de la Corte.

Este dato también existe en el oficialismo: funcionarios del gobierno de Alberto Fernández admitieron que existe esa preocupación en el entorno presidencial. Las cuentas públicas están en rojo y el Gobierno debe cumplir aún las metas del acuerdo con el FMI.

Aquel recorte de coparticipación en plena pandemia fue dispuesto por Alberto Fernández por presión de la vicepresidenta Cristina Kirchner para resolver una crisis policial del gobierno bonaerense de Axel Kicillof con protestas de uniformados por mejoras de salarios cuando arreciaba la peste del Covid 19. Por eso, el kirchnerismo no es ajeno al conflicto.

Wado De Pedro, protagonista del ataque al tribunal

Pese a que hoy se agudizan las tensiones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y La Cámpora, el Presidente le encomendó al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que organizara el ataque a la Corte. La "guerra contra la inflación" ahora se extiende a la Corte, que sería parte del problema del gasto público.

Por eso, De Pedro reunió este miércoles a los 19 gobernadores del PJ, que apoyaron a la Nación y advirtieron que si la Corte fallaba en favor de la Ciudad se destruiría el federalismo. Participaron Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero Wado coordinó las operaciones.

Están en juego entre 82.000 mil millones de pesos de excedentes, según la Nación, y 120.000 millones según la Ciudad de Buenos Aires. Si la Corte reconoce a la Ciudad parte de esos recursos, otras provincias podrían dejar de percibirlos y en medio hay que cumplir las metas del FMI.

La amenaza de elegir los jueces por el voto popular

Este jueves, Interior difundió una carta firmada por esos 19 gobernadores con duras observaciones a la Corte. Al mismo tiempo, De Pedro acusó a la Justicia de responder a Juntos por el Cambio y propuso designar a los jueces de la Corte por el voto popular, lo cual fue refutado por el propio ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Wado De Pedro responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, mientras que Aníbal Fernández está alineado hoy al Presidente en la disputa interna del Frente.

Mientras el Gobierno recibía a 19 gobernadores el miércoles en la Casa Rosada, la secretaria de Provincias de Interior, Silvina Batakis, recibía en sus oficinas del Banade al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel; al ministro de Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, y al procurador porteño, Gabriel Astarloa.

La Nación y la Ciudad, muy lejos de un acuerdo

El único acuerdo al que llegaron fue volver a reunirse el miércoles próximo. Mientras se retiraban los funcionarios porteños del Banade, los 19 gobernadores hicieron una conferencia de prensa con advertencias a la Corte. “Parecen más ocupados en presionar a la Corte que en negociar un acuerdo con la Ciudad”, señalaron en el gobierno de Larreta. Y ayer los gobernadores firmaron una dura carta a la Corte.

El decreto 735/2020 le recortó a la Ciudad en plena pandemia un 2,4% del PBI y le dejó el 1,4% original. El ex presidente Mauricio Macri le había aumentado a Rodríguez Larreta en 2016 la coparticipación al 3,5% del PBI para traspasarle parte de la Policía Federal de la Nación a la Ciudad.

La Ciudad demandó a la Nación la inconstitucionalidad del DNU 735. La Constitución Nacional ordena que toda transferencia de competencias de la Nación a las provincias debe ser acompañada por sus respectivas partidas. De ese modo, con el recorte, la Nación desfinanciaba a la policía porteña.

Los números difieren en cada caso

Según informó a A24.com el Ministerio del Interior, en 2021 el 1,4% del PBI que le corresponde a la Ciudad por coparticipación implica 74.765 millones de pesos. El costo de la Policía de la Ciudad con sus 20.000 agentes transferidos es de 29.319 millones, recursos que la Nación le reconoce a la Ciudad.

Según el gobierno nacional, si la Ciudad recibiera el 3,5% del PBI que le cedió Macri en 2016, estaría recibiendo 186.914 millones de pesos, por lo cual percibiría un excedente de 82.829 millones.

En el Ministerio de Finanzas de la Ciudad aseguraron a A24.com que desde septiembre de 2020 a fines de 2021, la Ciudad perdió 100 mil millones de pesos por el DNU 735. Durante todo 2022, la Ciudad perdería otros 122 mil millones en caso de persistir el recorte de fondos. En total la pérdida porteña sería de 220 mil millones.

La Ciudad asegura que aporta a la Nación el 22% de toda la masa de recursos nacionales, mientras que recibe de coparticipación sólo el 1,4% del PBI. Del gasto porteño, el 85% se sostiene con recursos propios mientras que sólo el 15% proviene de la coparticipación. En cambio, las provincias del Norte, apuntan en la Ciudad, financian un 80 o 90% de sus gastos con la coparticipación y sólo recaudan 10 o 20% de recursos propios.

“La Ciudad es el distrito más perjudicado, porque es el que menos percibe para sus arcas respecto de lo que brinda a los recursos nacionales”, dijo un allegado a Martín Mura. “La Ciudad es más que solidaria. Lo de seguridad era 2,1% que nos sacaron de coparticipación”, señaló la fuente porteña.

La carta de los gobernadores dura con la Corte

El Gobierno respondió con una carta de 19 gobernadores del PJ. Le advirtieron a la Corte que un fallo a favor de la Ciudad tendría “graves consecuencias para el federalismo”. Y agregaron: “Es de trascendental interés para las provincias argentinas reafirmar la dimensión histórica de la decisión que debe adoptar el Máximo Tribunal en la presente causa”.

Los únicos gobernadores que no firmaron la carta fueron Rodríguez Larreta, Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), todos de Juntos por el Cambio, y el peronista disidente Juan Schiaretti (Córdoba). Los demás mandatarios consideraron “excesivos” los fondos que Macri le transfirió a la Ciudad.

“Si la Corte Suprema convalidara, ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, el aumento de la coparticipación dispuesto por la gestión de Mauricio Macri, en forma discrecional, injustificada y contrario a la Constitución, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad”, advirtieron los gobernadores.

Mariano Obarrio