Lo mejor que podría pasar entonces en el 2022, es que, tocando ese alto mecano de congelamientos y controles a los bienes y servicios, aún de una manera algo amarreta y escueta ante las necesidades; es que las correcciones eleven la presión inflacionaria a niveles similares a los de este año. Y si no hubiera liberaciones de precios (negociadas en estos tiempos con el FMI), igual habría presiones inflacionarias, en este caso, por la presión del déficit fiscal sobre la política monetaria.

Todo este panorama lo sabe también el propio Martín Guzmán, y todo el equipo económico que elaboró el Presupuesto 2022 que tendrá tratamiento en la Cámara de Diputados en horas; con un apoyo opositor vía facilitación del quórum, algo republicanamente ponderable. El ministro conoce de evoluciones de variables y en sus dos primeros años de gestión también comprobó la métrica y velocidad técnica de los comportamientos de los precios en el país. Y si no lo sabe, le lo dijo explícitamente el propio Fondo Monetario. En síntesis, no hay manera que el 33% se cumpla; y lo más probable es que se repita la misma realidad que vivió Guzmán este año, de una proyección de 39% y un resultado final más cercano al 50%.

¿Por qué entonces insiste en la estrategia fallida de pronosticar una evolución inflacionaria inferior a la que sabe sucederá y que lo expondrá ante la sociedad como un pronosticador fallido de incrementos del IPC? Por una explicación técnica, pero políticamente crucial. Todo presupuesto estima niveles de ingresos y gastos numerados y no porcentuales. Esto es, determinados en pesos y no en porcentajes. Así, una partida presupuestaria figura en x pesos y no en x porcentaje de los ingresos; con lo que cada repartición pública tiene comprometidas las partidas exactas en pesos que recibirá durante el próximo año; las que dependen además de los ingresos que reciba el sector público fruto de la recaudación impositiva. Esta a su vez está calculada a partir de diferentes variables, todas vinculadas a la recaudación. Si una variable se altera al alza, los ingresos mejoras.

Por ejemplo, si los precios internacionales de los productos que el país exporta mejoran, la recaudación sube. Lo mismo ocurre con la variable inflación; cuyo aporte al sector público se mide en recaudación del IVA. Si los precios de la economía interna suben por efectos inflacionarios, también lo hará la recaudación por el 21% que se perciben de los bienes y servicios. Como los ingresos presupuestados por el IVA están medidos a una inflación del 33%, un alza en la presión inflacionaria que lleve el IPC más cerca del 50% (como se pronostica), también crecerá la recaudación de ese tributo en casi 10/15 puntos porcentuales más que lo esperado. ¿Cuánto más? No menos de 450.000 millones de pesos. Esto es, casi un punto del PBI.

Lo más importante de este dinero, es que es libre de gastos; ya que, como se explicó más arriba, no tiene destino presupuestario ya determinado, con lo que el Gobierno podrá gastarlo donde más le guste o considere sin dar explicaciones legislativas. Es dinero del que el presidente puede predisponer para derivarlo hacia obra pública, gastos de salud, social, mejorar jubilaciones; u otros destinos fiscales como ahorrar, pagar deuda o reducir el déficit. Será decisión privativa de Alberto Fernández y su lapicera. No es la primera vez que dentro del kirchnerismo se utiliza este tipo de estrategia. La ideó Néstor Kirchner y la continuó Cristina Fernández de Kirchner subestimando el crecimiento anual y la inflación durante no menos de 10 ejercicios.

Carlos Burgueño