Por Fabián Ruocco, Director Ejecutivo del CEDyAT.

El masivo apagón eléctrico, que llevó preocupación a millones de hogares en todo el territorio nacional e incluso en países limítrofes, nos interpela por el estado actual de la infraestructura nacional, sus sistemas preventivos y los planes de acción ante una emergencia. Por ésto, resulta urgente prever el riesgo de desastres por mal funcionamiento de los sistemas de información y control de infraestructuras críticas, planificar medidas y reducir los márgenes para proteger eficazmente a la población y el país, reforzando así su resiliencia.

El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general en una sociedad hiperconectada como la actual. Por ende, la seguridad de la infraestructura energética nacional se debe concebir como una Política de Estado orientada a garantizar el suministro de energía de manera permanente y segura, sostenible medioambiental y económicamente.

Es requisito indispensable contar con un adecuado nivel de inversiones tecnológicas digitales, clave tanto para proporcionar el monitoreo constante, el mantenimiento y la renovación de infraestructuras, como para afrontar programas de investigación y desarrollo de información permanente de las interconexiones y acompasar las infraestructuras energéticas necesarias a los requerimientos futuros. De igual modo, asistimos a una etapa en la cual los organismos del sector público avanzan velozmente en la digitalización de sus actividades, pero a la vez aumentan los riesgos que corren necesitando estrategias escalables y concretas en ciberseguridad.

La ciberseguridad abarca herramientas, políticas, conceptos, prácticas y tecnología, todo lo cual puede ser utilizado conjuntamente para proteger tanto datos virtuales como infraestructura física que forman los activos de cada institución. Nadie se se encuentra a salvo de estos ataques. Ni las organizaciones internacionales. Ni las industrias. Ni el sector público.

Si bien existe normativa, la cuestión es llevarla a la práctica real, especialmente en aquellas infraestructuras críticas como ser: las tres centrales nucleares, las treinta y seis centrales hidroeléctricas y las once operadoras del transporte energético de la red nacional. También con las plantas de agua potable, los gasoductos y toda instalación de envergadura. Deben incorporar integradamente las nuevas tecnologías de seguridad para instrumentar coherentemente los planes de acción previstos por dichas empresas para situaciones de emergencia que pudieran ocurrir en sus sistemas, con indicación particular de los puntos de mayor vulnerabilidad, articulando con Defensa Civil para atenuar sus impactos sobre la población.

Existe un fuerte contraste entre lo que pasa en seguridad de infraestructuras críticas en el primer mundo en comparación con Argentina, donde todavía estamos pasos atrás. En EEUU hace ya 10 años que cuentan con el Cibercomando de Estados Unidos, también conocido por las siglas USCC -del inglés United States Cyber Command-, es un Comando Unificado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo el mando del Departamento de Defensa. Su misión es el uso de técnicas informáticas con el objetivo de velar por los intereses de ese país.

Es verdad que en Argentina se avanzó mucho, y las empresas más grandes ya tienen equipos de seguridad informática integral, pero en un país como el nuestro, con tamaña extensión territorial, la vulnerabilidad por incidentes naturales o sabotajes es mayúsculo y muchas veces la anticipación no es una virtud nacional.

Hay que superar las barreras culturales y económicas para instrumentar cuanto antes una prevención que permita enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres de las infraestructuras críticas mediante inversiones públicas y privadas basadas en información sobre estos "potenciales riesgos", más rentable que depender sólo de la capacidad de respuesta y la recuperación después de los hechos.

No hay duda alguna que la seguridad energética se trata de una responsabilidad del Gobierno Nacional que también involucra a las administraciones públicas provinciales y precisa la colaboración privada, así como la implicación activa y participativa de la sociedad en general que, en casos como el "Apagón Histórico", siempre es la más afectada. Tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de incidentes más amplio y más centrado en las personas. Las prácticas de reducción del riesgo de incidentes deben contemplar amenazas múltiples y ser abordadas con visión multisectorial, inclusiva y accesible para que sean eficientes y eficaces. Lo importante es no demorar más.