El listado aportado por la Administración Nacional de Aviación (ANAC), al que tuvo acceso Infobae, es el puntapié de una investigación que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan. La hipótesis inicial, tal como reveló este medio, es que en muchas de esas operaciones hubo sobrefacturación, permitiendo la salida de millones de dólares al valor oficial.

“La maniobra empieza con la sobrefacturación en Estados Unidos. El comprador pide una factura con un precio más alto del real. Con eso, las empresas solicitan la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llega el avión al país, no se controla en la Aduana y termina siendo un negocio redondo”, explicó a Infobae un empresario aeronáutico.

La mayoría de las operaciones involucran a empresas de taxis aéreos, que además tienen enormes facilidades impositivas. También habría empresarios de primera línea, algunos de ellos procesados por las maniobras descriptas en la causa de los Cuadernos de la corrupción.

En el listado figura la matrícula, el modelo de cada avión o helicóptero, la marca y el titular que lo registra. En cambio, no hay datos del valor declarado de cada aeronave. Muchos menos del valor real.

Las primeras cinco matrículas son oficiales. Dos helicópteros y un avión comprados por la Gendarmería, un Lear Jet 60 registrado por la Secretaría General de La Pampa el 29 de enero de 2021, y un helicóptero modelo Airbus MBB-BK117 C2 a nombre del Ministerio de Seguridad bonaerense (es el organismo que administra la flota de la Provincia).

Luego aparecen decenas de aviones y helicópteros adquiridos por empresas privadas. Hay desde pequeñas aeronaves para fumigación hasta aviones de lujo valuados en más de 5 millones de dólares como dos Gulfstream Aerospace registrados por Baires Fly, una de las principales firmas de taxis aéreos.

La empresa Aerotec Soluciones Aéreas, con sede en la provincia de Mendoza, figura con casi 20 aeronaves matriculadas de menor porte.

Las operaciones, en principio, son legales. Para probar un delito todavía faltan varios pasos, pero el mundo aeronáutico entró en ebullición.

Infobae reveló la investigación judicial el 3 de febrero. Días después, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia en Comodoro Py y el fiscal Eduardo Taiano impulsó la investigación, aunque en su requerimiento advirtió que Marijuán ya había comenzado una pesquisa.

En una primera instancia Marijuan le pidió informes a la ANAC y al Banco Central. Este último organismo debía contestar esta semana la “nómina de las personas físicas y/o jurídicas -públicas o privadas- a quienes se le vendieron divisas para el pago en el país y en el exterior de aeronaves”.

Según los datos aportados por el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce, por esas autorizaciones, salieron 202 millones de dólares. Eso ocurrió mientras aumentan las restricciones cambiarias para los importadores.

La investigación judicial arrancó después de la polémica por la compra de un avión oficial para la provincia de Buenos Aires. Según publicó el sitio Border Periodismo, la administración de Axel Kicillof autorizó el pago de USD 7.195.214 para adquirir un Beechcraft King Air B200GT/250, aunque el valor de mercado no superaría los USD 5 millones.

Esa aeronave todavía no se matriculó, ni siquiera llegó al país, por lo que no forma parte del expediente.

Nicolás Pizzi