"Hace diez días que en lo económico-financiero no logramos dar ninguna buena noticia y menos una solución", se lamentaba en las horas previas a los anuncios un integrante del Gobierno. Aún no se habían hecho públicas las medidas, pero ya se escuchaban dudas y algunos apresurados rechazos, luego confirmados, de sectores que deben ayudar a parar la sangría que sufren las reservas del Banco Central. Los funcionarios más realistas ruegan que esta vez la bala (¿de plata?) dé en el blanco. La experiencia acumulada los obliga a ser cautos.

Dilaciones, descoordinación, discusiones internas, marchas y contramarchas, acciones y declaraciones contradictorias no son patrimonio exclusivo de la forma en la que la administración de Alberto Fernández había afrontado hasta acá la escasez de divisas. Se trata de una dinámica que se reproduce en distintos planos, que empieza a ser una señal de identidad y que ha venido desconcertando a casi todos sin satisfacer a casi nadie.

Poco antes de cumplir diez meses de gestión, la caída en la imagen del Presidente y de su gestión así como la demanda (imparable) de dólares ya no se ven como síntomas aislados de situaciones coyunturales. El Gobierno habría buscado demostrar ayer que tomó nota de que expresan una cuestión más de fondo. Es lo que se suele denominar "crisis de confianza". Nada grave para un gobierno joven siempre que se lo diagnostique y se lo trate tanto a tiempo como adecuada y decididamente. Ni más ni menos.

Ante este escenario, las medidas anunciadas pospusieron pero no han despejado aún dos dudas que siguen rondando dentro y fuera del oficialismo:

. ¿No será momento de hacer un cambio de gabinete?

. ¿Alcanzará con ese cambio?

Los inconvenientes en la toma de decisiones de la administración, que exceden al equipo económico, son la madre del primer interrogante, pero también engendran la segunda duda, disparadora de otras dos fundamentales.

Puede decirse que se advierte una mayoritaria respuesta en favor de un cambio no solo de miembros del equipo gobernante, sino también del organigrama. También se escucha una dominante coincidencia en que una renovación sería necesaria, pero no suficiente. En muchos despachos de la Casa Rosada lo dicen. Por algo, altos funcionarios evalúan opciones para tratar de asegurar su futuro mientras están en el poder para cuando ya no lo estén. Nunca se sabe.

Como resultado inevitable surge, entonces, el par de interrogantes de fondo: ¿a dónde quiere ir el Gobierno?; ¿quién define el rumbo? En síntesis, todo se trata de un asunto de conducción y de identidad. El Presidente y su equipo se ilusionan con que las medidas anunciadas reviertan el sendero negativo y la recuperación de la economía evite esas definiciones. Lo esencial es postergar.

El gobierno de nadie

Más allá de visiones polarizadas, los hechos a veces exponen que el gobierno del Frente de Todos suele ser el gobierno de nadie. Ni de Fernández, ni de Cristina Kirchner, ni de Sergio Massa, ni de los gobernadores, ni de los intendentes. Al menos, no de manera constante.

El problema gravitante es que tampoco es la síntesis de todas esas partes de la coalición que prometió construir Fernández. A veces parece ser de uno, a veces de otra y muchas, del no sabe/no contesta.

A la dificultad para resolver la crisis cambiaria, en la última semana se sumaron dos episodios en los que la realidad le mostró los límites a la falta de coherencia interna del Gobierno. Fernández quedó expuesto por igual en el plano diplomático y en el judicial, lo que lo obligó a recalcular el rumbo.

Las manifestaciones del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, en las que relativizó el contundente informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, descorrieron otro telón y mostraron una desordenada trastienda.

Desde la Casa Rosada y la Cancillería (no desde la presidencia del Senado) surgieron voceros oficiosos casi escandalizados para aclarar que lo dicho por el representante argentino no expresaba la posición del Gobierno. Podría aceptarse la explicación si Raimundi hubiera sido enviado por otra administración y no se tratará de un embajador político (no de carrera). Tal vez haya que decir que lo nombró una parte del actual gobierno y que el caso solo se suma a la ambigüedad o impericia de la administración en otros asuntos de las relaciones exteriores. Otra ausencia de síntesis.

En la misma dinámica se inscriben las reacciones previas y posteriores al pronunciamiento de la Corte en el que el máximo tribunal aceptó revisar, por la vía del per saltum, el desplazamiento de jueces que incomodaron e incomodan a Cristina Kirchner.

Las airadas críticas de Fernández al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por el solo hecho de haber convocado a una sesión para definir si aceptaban tratar la cuestión (la previa de la previa) exhiben más que un discutible criterio sobre el respeto a la división de poderes.

El Presidente tenía información errónea. No sabía de la unanimidad de criterio de los magistrados. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, estaba tan desinformada como su exsocio y ahora jefe.

La sorpresa fue tal que pasaron 48 horas hasta que se expresó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, uno de los pocos que hablan por el Presidente. Su aparición se explica por la recuperación de cierta cuota de esperanza en que la mayoría de la Corte se pronunciará contra los jueces desplazados, como lo demanda la vicepresidenta y lo codemanda Fernández. Pero, antes, debe adjudicarse su prudente silencio al malestar que reinó en el primer piso de la Casa Rosada una vez conocido el fallo. Los destinatarios del enojo no eran solo los jueces de la Corte ni estaban tan lejos.

Por algo, las primeras reacciones contra la aceptación del per saltum, que no fueron coordinadas con el equipo de comunicación presidencial, estuvieron a cargo de funcionarios del cristinismo puro y duro, como el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. A ese sector le adjudican el tropiezo.

Algunos albertistas incluyen entre los responsables al ministro más poderoso del Gobierno, el camporista Wado de Pedro, y a su hermano de crianza y representante del Ejecutivo en la Magistratura, Gerónimo Ustarroz. Delicias de coaliciones disfuncionales.

Los problemas judiciales son fruto de esa mixtura de intereses dentro del oficialismo que termina mezclando la agenda del Presidente con la de la vicepresidenta. Las identidades se vuelven borrosas.

Así es que para muchos observadores el Gobierno no termina en los hechos de clarificar las prioridades ni definir su orientación. La lista de incoherencias y falta de definiciones excede largamente los recientes episodios. Lo que muchos suelen escucharle al Presidente no es siempre lo que sucede. Incertidumbre en estado sólido.

La política de seguridad, la posición sobre la toma de tierras, la relación con el sector empresario (empezando por el caso Vicentin) y hasta el aborto son ejemplos de inconsistencias en la coalición gobernante, no solo expresadas en palabras o acciones de Fernández o Cristina Kirchner. Sergio Massa suele hacer algunos solos que desentonan con la versión mayoritaria. No es el único. Al Gobierno le está costando demasiado lograr el ensamble de voces para lograr que la polifonía suene afiatada.

La orden del Presidente a los suyos de no hacer albertismo, con la premisa de que si las cosas le salen bien no hará falta dar la batalla para imponer su impronta y si van mal solo lograría complicarlo más, explica la ausencia (o la postergación, una vez más) de definiciones. El objetivo es que la cuestión identitaria se vuelva abstracta.

La apuesta a todo o nada de Fernández es a que se encarrile la economía. Las medidas anunciadas ayer tienen ese propósito. No es poca ambición. Las dudas de fondo no han terminado de despejarse

Claudio Jacquelin