Hace un año exactamente, por estos días se daba a conocer la denuncia penal en el Fuero Federal Porteño, de la causa conocida como “Los cuadernos de Centeno” que se inició con el reporte de pruebas por parte del propio Oscar Centeno al periodista del Diario La Nación Diego Cabot, que hizo un brillante trabajo de investigación para luego poner en conocimiento de la justicia Federal todas las pruebas que había reunido a los largo de seis meses y tenía en su poder. Un arrepentido que decidió contar y mostrar todo lo que meticulosamente había escrito en la parte más oscura de su vida, cuando era el chofer Roberto Baratta, la mano derecha del entonces poderoso Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Todos presos. Algunos arrepentidos y más de 174 procesados es el actual cuadro de situación, menos en Catamarca, claro.

Toda la sociedad catamarqueña sabe que la denuncia del Ingeniero Jorge Marcolli por el cobro de coimas en obras de viviendas durante el gobierno de Néstor Kirchner tiene sobrados fundamentos. No es que faltaron elementos probatorios, es que no se investigo adecuadamente; ni declararon todos los testigos ni se libraron todos los oficios pertinentes, o los informes a la AFIP, Economía, Ministerios, y a la propia justicia federal porteña o los testigos que declararon quizás no dijeron toda la verdad. Es raro, normalmente éste tipo de causas llevan muchos meses, incluso años de investigación, pero en Catamarca se designó un Juez Federal a la medida del poder de turno y así estamos.

A otro juez, no catamarqueño no le hubiera temblado el pulso para procesar a quien fuera e investigar todos los actos a fondo.  La Justicia Federal de Catamarca y el Ministerio Público son vergonzantes a la hora de juzgar los delitos vinculados a la corrupción. La obra de las cloacas de Valle Viejo constituye una prueba contundente de los efectos desbastadores que tiene la corrupción, el peculado, el cohecho y el prevaricato, todos los delitos vinculados al ejercicio corrupto del poder y en la vida de los ciudadanos de a pie, que son quienes padecen las peores consecuencias. Insistimos, resultan más que llamativos los dictados de falta de mérito y sobreseimiento definitivo, todo en tiempo record.

Pero eso no es todo. Un sobreseimiento definitivo debe ser apelado por el Fiscal Federal de primera Instancia y las sentencias del juez “a quo” que manifiestamente son contrarias a la ley, deben ser resueltas por la Cámara Federal, su tribunal de Alzada natural. Todo el mundo sabe que el relato hecho en la justicia por parte del ingeniero era “vox populi” en esa época, en donde se hablaba de la reunión de los empresarios de la construcción en la empresa de Rubén Dusso y que desde allí salieron con el dinero hacia el aeropuerto para entregar lo recaudado a un emisario del gobierno nacional que llegaba a la provincia en un avión privado, que según comentarios venia de “gira” por todo el noroeste. Y ese “modus operandi” resultaba ser el mismo que con detalle describe Oscar Centeno en sus famosos cuadernos.

A esta altura después de muchas denuncias que hay por la enorme corrupción de la época kirchnerista, se sabe cuáles eran las condiciones para poder contratar con el gobierno nacional en esa época, y que se conoció  por la aparición de arrepentidos que empezaron a relatar en primera persona lo sucedido.

Si se dictó el sobreseimiento definitivo y el Fiscal Federal no apeló, sería gravísimo comprobarlo, el proceso penal está clausurado. En ese caso debería denunciarse al Juez Federal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue su irregular proceder y al Fiscal Federal ante la procuración General del Tesoro de la Nación, a efectos de verificar el efectivo cumplimiento del reglamento del Ministerio Público, que obliga a los fiscales a apelar todas las resoluciones por imperativo procesal y porque los intereses de la Nación están siendo menoscabados.

Más allá de las cuestiones técnicas, la condena social ya está consumada por la ausencia total de Justicia, donde la división de poderes ha quedado renga, porque sin justicia no hay república, situación que le otorga enormes concesiones al poder de turno, que sigue gobernando con total impunidad, queda preguntarse si a esta causa no le falta un arrepentido, por la institucionalidad de Catamarca y por el bien de todos sus habitantes.