Eso es lo que sucedió con la suspensión arbitraria de las clases presenciales en el AMBA. Las cosas fueron más allá de la sobreactuación autoritaria de Alberto Fernández, reflejo que en vez de temor empieza a provocar alarmas propias y ajenas. Más allá del diccionario adolescente de Axel Kicillof y más allá de la respuesta política de Horacio Rodríguez Larreta. El cierre de las escuelas, comunicado a las patadas y sin una justificación científica sólida que lo avalara, se metió en el corazón y en la mesa de cada discusión familiar. Impresionó ver a los padres acompañar a sus hijos en los colegios de la Ciudad, como también sorprendió el abrazo de alumnos y padres en cientos de escuelas del Gran Buenos Aires.

Esos reclamos desorganizados y precipitados de la mañana del lunes eran mucho más que la gimnasia prolija del activismo político. Fueron el fruto de la incomprensión por una medida que el Presidente quiso imponer con malos modos para compensar el desequilibrio interno de poder en el Frente de Todos. El que lo muestra cada vez más débil frente a las decisiones de Cristina Kirchner, a la altanería de Kicillof y a las burlas de personajes menores del kirchnerismo que Fernández no debería dejar pasar.

Que los voceros de la estrategia judicial del Gobierno sean Martín Soria, un ministro de Justicia desconsiderado por la mayoría del Poder Judicial, y por Carlos Zannini, es una enorme invitación a la derrota. El Procurador del Tesoro, más allá de haber sido sobreseído en una causa por supuesto enriquecimiento y de estar procesado por la firma del Memorándum con Irán, integra la lista de los vacunados VIP del oficialismo. Para recibir la Sputnik V a comienzos de año, Zannini se registró como personal de salud junto a su esposa. Es el estratega judicial en el que confía Cristina y el arquitecto de la ofensiva en las causas contra Mauricio Macri. Es todo eso, pero no es personal de salud ni calificaba para la vacuna con anticipación.

La expectativa del Gobierno está ahora centrada en la Corte Suprema. Alberto necesita que el máximo tribunal, acostumbrado a los tiempos laxos, acelere el trámite de un conflicto que se metió en la piel de la sociedad y emita un fallo que le permita recuperar algo del terreno que Rodríguez Larreta ganó en la noche del domingo. No es un buen momento para esperar algo expeditivo de la Corte. Sus cinco miembros están distanciados y sin liderazgo a la vista. Pero todos ellos han registrado también la erupción social que provocó el intento fallido del cierre de las escuelas en la Ciudad.

Mientras la Casa Rosada y el Gobierno porteño apuran sus argumentos para presentar ante la Corte, hay un dato de estas horas que enfurece especialmente a Alberto y a Cristina. Al haber tomado cartas en el conflicto, el máximo tribunal le está reconociendo a la Ciudad el estatus de provincia. Es cierto que la autonomía porteña rige desde la Convención Constituyente de 1994, pero jamás había ocurrido un desafío político de una envergadura tal como el que Rodríguez Larreta le planteó a un decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente. La postura zen del jefe de Gobierno porteño, anunciando en remera negra que las escuelas de la Ciudad seguirían abiertas, no engañó a Fernández ni al kirchnerismo.

Durante todo el fin de semana, Fernández y sus ministros habían intentado confrontar a Larreta diciendo que estaba cautivo de las posturas más agresivas de Macri y de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Pero el Gobierno tuvo que cambiar la estrategia apenas se hizo público el fallo de la Cámara porteña que reponía la educación presencial en la Ciudad. El Presidente comenzó entonces a utilizar uno de sus métodos preferidos.

El presidente y su teléfono​

Pegado a su teléfono celular, Alberto reprodujo mensajes en Twitter que iban en línea con lo que quería expresar. Retuiteó al ministro Soria, hablando de “mamarracho jurídico”. Y también a los legisladores del peronismo porteño Leandro Santoro, Juan Manuel Valdés y Claudia Neira, quienes criticaban la jugada política de Rodríguez Larreta y sus movimientos en la justicia porteña para conseguir un fallo a medida. Esos ataques no hacían más que ilustrar el laberinto judicial con el que el jefe de gobierno porteño logró un impacto político que lo posiciona un poco más firme en la lejana y extenuante carrera presidencial de 2023.

No hay que subestimar la capacidad del Presidente en las redes sociales. Mientras estaba en el llano, fue un asiduo fan de Twitter que hilvanaba mensajes corrosivos contra Cristina y el kirchnerismo. Fernández se convirtió, gracias al pacto con la Vicepresidenta, en el primer tuitero picante que llegó a Presidente. Y allí está, dando la batalla en las grandes ligas del poder en la Argentina, munido apenas de su smartphone.

El problema es que la revolución por el cierre de las escuelas en el AMBA no parece ser de esos conflictos que se dan a conocer a través de las redes. La respuesta bajó por los balcones porteños y se repitió el lunes temprano en las veredas de colegios del norte, el oeste y el sur del Gran Buenos Aires. Quizás sea una falsa alarma. O quizás se esté gestando uno de esos fenómenos que los políticos recién advierten cuando los tienen encima. La mayoría de las veces, se dan cuenta cuando es demasiado tarde.

Fernando González